El exsubdelegado del Gobierno cumple casi dos meses en prisión. Todo hace indicar que no pasará muchas más semanas en la penitenciaría. La UCO remata sus informes
Medidas cautelares. La cárcel debe de ser destructora para una personalidad alejada del mundo delincuencial o, mejor dicho, sin experiencia previa en semejantes aprietos. Desde esta tribuna no hemos defendido nunca prisiones provisionales para este tipo de delitos. Es una medida que, por otra ... parte, no suele ser tampoco habitual en asuntos de esta naturaleza. Menos incluso en hechos como los del caso Azud que se remontan a una década atrás. La salida de Rafa Rubio de la cárcel se aproxima. Quizá no sea inminente, pero su estancia en Picassent no se prolongará en exceso. La UCO está terminando los informes con las últimas diligencias y todo hace pensar que, en breve, recuperará la libertad. De hecho, su letrado acaba de solicitar la salida de la cárcel. No lo hizo antes, junto a otros investigados, como los dos empresarios que lo pidieron. Hagamos un repaso de los últimos casos de corrupción en la Comunitat y cuántos protagonistas han estado en prisión. Eduardo Zaplana, nueve meses en la cárcel. No salió hasta que el supuesto testaferro del exministro traspasó siete millones de euros al juzgado. Alfonso Rus y Máximo Caturla, por poner otros ejemplos, no han pasado ni un día en prisión. La Fiscalía pidió cárcel, pero el juez no lo acordó. José María Corbín, supuesto cabecilla de la trama Azud, permaneció un mes en Picassent. El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, no llegó a ingresar. Anticorrupción no pidió prisiones para aquel supuesto. Incluso, a la vista de los acontecimientos, las detenciones se antojaron excesivas. Los dos implicados de la trama de las asesorías, José Antonio Sancho Sempere y Parra Mateu, estuvieron cerca de diez meses en la cárcel, pero han sido absueltos de la mayoría de procesos. De la trama Gürtel, como medida cautelar, no estuvo ningún político en prisión. Tampoco fue el caso de los contratos de extinción de incendios, que salpicó al conseller Serafin Castellano. Idéntica situación para el que fuera siete veces conseller de la Generalitat, Rafael Blasco. En este rápido repaso de los asuntos de corrupción, la realidad es que las prisiones provisionales no son mayoritarias.
Rafa Rubio afrontará en su regreso a la actividad otro problema. No mayor que su horizonte judicial pero tampoco conviene despreciar sus consecuencias. El exdirigente socialista no es un investigado más. Y, además, en el momento de su detención y durante buena parte de los hechos que se investigan, tenía un cargo público. En concreto, en su última etapa, subdelegado del Gobierno en Valencia. No es cualquier cosa. Esta condición exige un plus más a la hora de ofrecer explicaciones, al menos, las públicas. Su letrado, Virgilio Latorre, durante años el abogado de cabecera del PSPV y que, por ejemplo, llevó la acusación contra Francisco Camps por la causa de los trajes, le aconsejara que guarde silencio. Quizá le haga caso y no atienda a los medios de comunicación y se recluya en su trabajo en el Ayuntamiento de Valencia donde solicitó reincorporarse tras verse en prisión y sin ninguna fuente de ingresos. No parece que sea ese el mejor ambiente de trabajo, pero no queda otra. Rubio afronta dos procesos judiciales, por el de los zombies de Imelsa se enfrenta ya a seis años de prisión. Pero su imagen pública se va a ver dañada, casi irremediablemente, por el asunto de Azud. Seguramente, en su regreso al Ayuntamiento, o en un café con un amigo, deba afrontar una pregunta como esta: «¿Aceptaste un soborno?» Y en esta respuesta, sólo importa el primer monosílabo. El resto carece de cualquier sentido si antes figura un sí.
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