«Reconozco que el precio que me pagan es suficiente»

Como el problema que resume todas las demás cuestiones agrarias es el de los precios escasos que reciben agricultores y ganaderos, y el asunto es de tal dimensión que acabó reconociéndolo el Gobierno, el Ministerio de Agricultura sacó adelante la ley de la cadena agroalimentaria con la intención de prohibir las ventas a pérdidas y de imponer que el comprador le pague al productor un precio superior al del coste de producirlo o, como mínimo, igual, nunca inferior. Pero ninguno de estos dos puntos se cumple aún, ni parece que sea fácil cumplirlos.

Lo de la venta a pérdidas tiene exenciones que facilitan vías de escape infinitas, como permitir que se venda a como sea si hay riesgo de perderse la mercancía (en productos perecederos esto pasa siempre), o si no hay más remedio que bajar precios porque la tienda de enfrente vende a menos y hay riesgo de perder clientela (regla básica inamovible de todas las cadenas de supermercados).

Además, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no le gusta nada todo esto de poner límites a lo que entiende que debe ser la libertad comercial con plena apertura. De ahí que, sucesivamente, haya acotado algunos términos de la ley, que ha tenido que ser parcialmente reformada. En la práctica, lo de la venta a pérdidas ha quedado en casi nada. Y lo de los precios casi que también; sigue vigente, pero a la hora de la verdad nadie pone un precio de coste ni la otra parte lo reconoce para pagar más. Para mayor complejidad, todo el mundo parece esperar todavía que sea la Administración la que fije unos precios mínimos o de referencia para cada producción, como así lo dijo y figura en la propia ley. Desde el ministerio se dio pie al principio a que se entendiera que así sería, y las organizaciones agrarias lo siguen reclamando, a pesar de que el ministro actual, Luis Planas, ha cambiado el discurso y ahora dice que tal cosa no va a hacerse, que lo impide Competencia.

Sin embargo, la consellera Mireia Mollá anuncia precios de referencia para el caqui. Como los anunció para los cítricos y aún no se sane nada.

Cualquier persona ajena al sector agrario puede asombrarse de que sea la Administración la que le diga a un agricultor cuáles son sus costes, que él debe conocer. Lo cierto es que es un punto tan complejo que la citada ley tuvo que decir, y sigue diciendo, que habrá unos «costes efectivos de las explotaciones publicados por el Ministerio de Agricultura». Y por eso se exige que lo haga. Mientras, se hace la vista gorda a una pantomima que se generaliza: en los contratos se opta por poner que el vendedor reconoce que «el precio recibido es superior al de coste». Y el sistema respira satisfecho. Pero no es la verdad.