El recuerdo de la fuga de Tabares

Los huidos. El caso de Marruecos, el desfalco protagonizado supuestamente por parte del director de la oficina comercial, reúne los ingredientes de una buena historia. En primer lugar porque nos recuerda aquello tan humano como es la huida. Personas que, al parecer, se dan a la fuga tras verse sorprendidos en actuaciones poco ejemplares. En este apartado conviene recordar al director general del Instituto Valenciano de Exportaciones (IVEX), José María Tabares. El empresario puso rumbo a Japón hace ahora quince años para evitar rendir cuentas debido a un fraude en el instituto por el que fue condenado a cinco años de prisión. Y, al parecer, allí sigue. Otros 'ilustres' fugados han sido -porque ahora están en la cárcel o la espera de estarlo en un futuro próximo- el facturero de Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper. Al observar el rápido avance de la investigación en Valencia decidió abandonar el país. Fue sorprendido en Moldavia con una identidad falsa en un control rutinario. Roca Samper, un superviviente del mundo delincuencial, ya había rehecho su vida. La lista más reciente la completa Marcos Benavent que decidió huir al destaparse el caso Imelsa y posteriormente, tras un periplo por medio mundo -aún no están claras las escalas de aquel trayecto a medio camino entre la huida y la introspección interior- terminó volviendo a España para anunciar aquello de «va a salir mierda a punta pala». Otro huido, de menor entidad, fue uno de los testaferros de Tauroni, que lleva unos años en Bolivia, ajeno a los juicios y la polémica en la Comunitat. Su estado de salud no le permite viajar. Así que lo más probable es que su asunto se quede en un cajón.

El Ivace. Será casualidad o no. Pero el caso es que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) de quien dependía esta oficina arrastra ya otros asuntos que han terminado en los tribunales. Ambos tienen que ver con los famosos institutos tecnológicos, vehículos para canalizar la innovación en la Comunitat. El primer asunto fue el caso Aidico, la desaparición de siete millones de euros para la construcción de una nave en Novelda. La Audiencia absolvió a los supuestos responsables. No hubo delito. Pero sí una mala gestión y falta de control por parte del IVACE. Pero más grave si cabe es el caso Aido, pendiente todavía de que la Audiencia se pronuncie. Un supuesto chiringuito para captar subvenciones, de la Unión Europea fundamentalmente, a través de un entramado de empresas que realizaban facturaciones ficticias.

El contexto. Empieza a cundir la sensación de que hemos pasado de unos Gobiernos que presuntamente robaban al ciudadano a otros a quienes les roban. Evidentemente que en el plano de la responsabilidad no existe comparación posible entre ambos casos. Unos son supuestos delincuentes y otros, víctimas. Pero tampoco se puede adoptar una posición de condescendencia hacia estos últimos porque sería necesario preguntarse qué está ocurriendo. Así, en un repaso a bote pronto, no se puede olvidar el desastre que supone perder cuatro millones de euros en la EMT por culpa de unos ciberdelincuentes, el robo de 5.000 euros de un despacho del Palau de la Música o de otros 21.000 en el Palacio de Congresos. Se desconoce todavía a cuánto asciende el presunto desfalco causado por la empresa de Hicham Housni. En eso trabaja ahora el IVACE. Sorprende que cuatro meses después de estallar el caso todavía se desconozca la dimensión del fraude. No será millonario, por suerte. Pero se debe cuidar cada euro público como si fuera el último de la cuenta.