Reinventando la Administración pública

La situación de crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto a prueba la resiliencia de las Administraciones Públicas, que han tenido que reorganizarse con la finalidad de continuar prestando sus servicios y ejerciendo sus competencias en un contexto de restricciones y limitaciones tendentes a evitar la propagación del mismo.

La denominada nueva normalidad ha impuesto, por un lado, una novedosa forma de relacionarse con el ciudadano caracterizada por el distanciamiento social y la cita previa y, por otro lado, una nueva forma de prestación de algunos de los servicios administrativos en la modalidad denominada «a distancia».

En este nuevo contexto social la Administración ha tenido que articular los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y establecer aquellos mecanismos que posibilitaran la atención directa a los ciudadanos, especialmente de aquellos más vulnerables, respetando en todo momento las medidas impuestas para la protección de la seguridad y salud con la finalidad de contener la propagación del virus.

El grado de implantación de la administración electrónica en cada administración ha sido clave en este proceso de reorganización en tiempos de Covid-19, ya que un mayor grado de implantación ha supuesto una prestación efectiva y eficiente de estos servicios, que en muchas ocasiones se han prestado a distancia. Evidentemente existen un gran número de servicios que no admiten la prestación a distancia tales como: Policía Local, servicio de ayuda a domicilio, atención al público, servicios de limpieza y desinfección de espacios públicos... Por lo que ha sido necesario realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los servicios para determinar su forma de prestación en atención a las particularidades de cada uno de ellos, tomando en consideración las medidas sanitarias así como la normativa vigente en cada momento. No obstante, no podemos obviar que el denominado teletrabajo ha posibilitado el impulso y la prestación de algunos de los servicios de forma ágil y eficiente en un contexto de estado de alarma con prohibiciones o restricciones en la movilidad de las personas.

Durante toda la pandemia, los Ayuntamientos han seguido dando respuesta a las necesidades ciudadanas: expedición de certificados de firma digital para la tramitación de ayudas/ subsidios estatales y/o autonómicos, ayudas de emergencia social para la población más vulnerable, servicios de ayuda a domicilio, subvenciones para paliar los efectos de la Covid 19 en el tejido empresarial local, modificaciones de las ordenanzas locales con la finalidad de adaptar las mismas a la situación, campañas informativas y divulgativas de las cambiantes prohibiciones, restricciones y limitaciones vigentes...

La realidad evidencia, una vez más, que la competencia debe ser ejercida por la Administración más cercana al ciudadano, es decir los Ayuntamientos. Para ello es necesario que estos dispongan de los medios materiales y personales adecuados para tal finalidad.

Así mismo conviene recordar que desde la crisis económica de 2008 se ha impuesto una política de contención del gasto que impide a las administraciones contratar a más personal. No obstante, esta política no tiene en cuenta que, con el paso de los años, el funcionamiento de la Administración ha adquirido una notable complejidad y que se está produciendo una fuerte descentralización competencial 'de facto' en el ámbito local. Como consecuencia de la misma las Administraciones Locales vienen asumiendo en múltiples ocasiones, como impropias, competencias de la Administración estatal y autonómica. A tal efecto, las titulares de la competencia remiten, normalmente vía subvención, a los Ayuntamientos las transferencias económicas que estiman necesarias para el ejercicio de la misma. Si bien, lo cierto es que estas transferencias nunca cubren el coste total que el ejercicio de la competencia supone, lo que incide directamente en la suficiencia financiera de las entidades locales.

Asimismo, el ejercicio de estas competencias impropias genera en algunos casos la necesidad de disponer de personal con un perfil altamente especializado en una determinada área o materia, no siendo por ello posible una mera redistribución de efectivos. A tal efecto es urgente que la Administración local reclute talento, pero para ello es necesario que se eliminen las restricciones existentes en cuanto a la reincorporación de personal de nuevo ingreso (funcionario de carrera y/o personal laboral fijo) y acometer las reformas legislativas que sean necesarias para posibilitar la realización de procedimientos selectivos ágiles y garantistas capaces de anticiparse a las necesidades de personal y que den respuesta inmediata a las necesidades ciudadanas.