Mucho más que una reprimenda

Ni es una cuestión administrativa que ya esté resuelta ni la sanción de la Agencia de Protección de Datos fue sólo una reprimenda, por mucho que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quisiera acuñar ese término y se lo compraran quienes toman nota fielmente de todo lo que dice el edil de Compromís.

La causa que lleva hoy al alcalde Joan Ribó al Juzgado de Instrucción número 9 en calidad de investigado (antes imputado) es la consecuencia de negar al grupo popular acceso al expediente de la llamada encuesta fallera durante 225 días, nada más y nada menos. Con argumentos que el primer edil considera legítimos, pero que al final han devenido en una denuncia por supuestos delitos de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos y prevaricación administrativa.

Esto último está tipificado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años. O sea, que pocas bromas porque falta menos de un año para las elecciones municipales y el alcalde ha manifestado varias veces que quiere ser de nuevo candidato de Compromís. Una condena sería falta para su futuro político en el Consistorio.

De ahí que todo el grupo popular se haya personado en la causa con el propósito de que este asunto sea tomado en serio. El concejal Félix Crespo hizo la primera petición de acceso al expediente el 14 de agosto pasado y no fue hasta el 9 de marzo cuando pudo leer todos los documento, debido a que la junta de gobierno aprobó ese día un recurso en la Audiencia Nacional contra la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos.

Es decir, que si no hubiera sido por esa circunstancia, todavía estaría esperando la oposición el visto bueno del alcalde para ejercer su derecho de acceso a la información. Los expedientes de la junta, como bien se recuerda en la denuncia, son públicos para todos los grupos municipales.

Pese a su condición de investigado, Ribó ya dijo que no pensaba dimitir por esta causa al no tratarse de una denuncia por corrupción. Nadie se la ha pedido, aunque el listón lo puso el mismo con el 'affaire' por la asistencia a un congreso municipalista en Galicia teñido de encuentro político, por lo que también recibió una denuncia. Entonces dijo que dimitiría si el asunto se convertía en una imputación, lo que al final no ocurrió porque fue archivado por el juzgado.

La encuesta, como ya es sabido, no obtuvo el consentimiento previo y por escrito de los encuestados antes de ser interpelados por cuestiones ideológicas o religiosas. Todo el mundo sabía que eso vulneraba la Ley de Protección de Datos, aunque el gobierno municipal (Ribó y el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset) prefirieron no tirar todos los cuestionarios a la basura para encargar otros, con la esperanza de que el asunto no hubiera ido más lejos. Esa cabezonería le puede suponer su inhabilitación para ejercer un campo público. Dependerá de lo que pase hoy y del resto de la tramitación en los despachos judiciales.

Mientras, el concejal Fuset asistirá a la cremà de una falla en Mainz, se entiende que despreocupado igual que el alcalde por el recorrido de este asunto. De lo contrario, con la presencia de la concejala de Turismo, Sandra Gómez, habría sido más que suficiente para representar a la ciudad por el 40 aniversario del hermanamiento. Al fin y al cabo, es la primera teniente de alcalde y portavoz del tripartito.

Pero es lo que tiene el azar del calendario y el reparto de la cuota mediática, que el co-protagonista de la imputación del alcalde (perdón, la investigación) se encuentre hoy a un poco más de 1.500 kilómetros de la puerta de la Ciudad de la Justicia, sin arropar al primer edil.

La denuncia es todo un relato de peticiones al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo y hasta el Consell de Transparencia, algunas con respuestas favorables al grupo popular. Pero la cerrazón de la alcaldía es lo que le puede perjudicar en este asunto, dado que todo quedó por escrito.

Mala imagen para un gobierno municipal que presume de transparencia desde el primer momento. De nada sirve exhibir lo que se gastan los concejales en teléfonos móviles cuando se rechaza un acceso a la información de los expedientes. De manera legítima para el tripartito pero con una decisión que ahora deberá dilucidar el juzgado. La denuncia por el viaje a Galicia se archivó, pero en la que nos ocupa ¿Quién sabe lo que pasará?