EL RETO DE RACIONALIZAR

La resaca de la crisis de 2008, la globalización, el cambio climático y la revolución digital dibujan un escenario plagado de incertidumbres agudizando la sensación de frágil orfandad de la población, que ve cómo ante la ausencia de soluciones, resurgen los populismos.

La Comunitat Valenciana no es una excepción y ese clima de malestar multicausal se evidencia en una campaña que, en clave nacional, se focaliza en el 'problema catalán' y la irrupción de Vox, olvidándose de cuestiones básicas como el urbanismo, las nuevas formas de movilidad, el medio ambiente, la vivienda, la sostenibilidad...

Son muchas las asignaturas pendientes. Es urgente racionalizar y flexibilizar el caótico escenario regulador autonómico auspiciando una mudanza legislativa consensuada con los principales agentes implicados.

Ese problema endémico en la Comunitat se ve agravado por la descoordinación administrativa (rigidez de los procesos, tiempos anacrónicos para las autorizaciones...) consolidando un estado de incertidumbre jurídica e inestabilidad inversora. El plazo medio de tramitación de los Planes Generales es superior a doce años y la exigencia para su aprobación de casi cincuenta informes sectoriales los convierte en una suerte de tápiz de Penélope, abocados al fracaso. En un contexto en permanente transformación, cuando los Planes alcanzan su vigencia, sus previsiones y objetivos iniciales resultan tan obsoletos como inadecuados.

Los sistemas de control se han complejizado tanto que ni siquiera el consistorio del cap i casal ha conseguido en estos cuatro años llegar a licitar las obras de reforma de ninguna de las grandes plazas de la ciudad, pese a ser el leitmotiv del mandato.

Es innegable que la elevada factura socioeconómica afecta negativamente al bienestar general obstaculizando la realización de numerosos proyectos generadores de riqueza y empleo.

Sin un cambio copernicano del entramado legal y de las ineficientes estructuras organizativas, plagadas de duplicidades y disfunciones, difícilmente se puede abordar el necesario adelgazamiento y racionalización de la administración.

Ese cambio es imprescindible para afrontar con éxito los cuantiosos retos a los que se enfrentan los valencianos, pues los limitados recursos deben destinarse a paliar los déficits en las infraestructuras.

La regulación de los apartamentos turísticos, la desclasificación de los PAIs del boom (Alicante, Paterna...), la protección del suelo rural... requieren una reformulación de la política urbanística. Además, la mejora en la gestión pasa inequívocamente por una reordenación estructural de la matriz territorial impulsando la agrupación de municipios tanto en mancomunidades como en las áreas metropolitanas.