Ribó, arrollado por la EMT

Los españoles de todas las condiciones y nacionalidades somos muy de familia, de apoyar a los nuestros, de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y de que el rescate botánico de las personas, bien entendido, también empieza por los más próximos. Cantaba José Monge aquello tan machirulo y gitano de «abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales salen los buenos ríos». No se ha dado todavía el caso de un político que quisiera nombrar concejal a su caballo (Jesús Gil estuvo a punto), pero en la España de los herman@s, amig@s, compañer@s y cuñad@s cualquier día veremos al perrito adoptivo de un asesor municipal enchufado gratis total en el centro social canino. Cada vez que un nuevo grupo político alcanza el poder se reproduce la vieja pulsión oligarca del clientelismo; nos acordamos de la restauración caciquil, del lerrouxismo, del impresentable de Don Niceto y de las licencias de importación del franquismo o la concesión de estancos. Pero, ¿y el 3%, y los ERE de Andalucía, y los bigotes y correas, y la subvención de Chaves a la empresa de su hija, y las parejas de los ediles de Rita Barberá colocados en Inndea?

Los puros, los limpios de corazón, iban a acabar con estos vicios históricos. Con las corrupciones mayores, con las corruptelas medianas y con los pequeños aprovechados. El 28 de octubre de 2011 Enric Morera, en un ejercicio insólito de macartismo, presentó una web de Compromís en la que se podían hacer denuncias anónimas relacionadas con prebendas recibidas por familiares y/o amigos de cargos públicos del PP. Lástima que la cerraran al empezar a gobernar las instituciones. Se habrían evitado las escandaleras sobre la gasolinera de Mónica Cucarella, la hija de Dolors Salas, los vástagos de Pascual Mollá, los conocidos de Divalterra, los saludados de Carmen Montón o Xavier Rius, las subvenciones desaforadas a Eliseu Climent, a Acció Cultural, a Escola Valenciana, a Ca Revolta, al Micalet. Y se habrían evitado el procesamiento de María Oliver por sus indecorosas ayudas a sus colegas de la universidad (ay la universidad, el día que se empiece a mirar ahí dentro).

Así hemos llegado a esta semana electoral en la que Ribó, Oltra y Puig han caído dentro de la pantanada clientelar. El caso más llamativo es el del alcalde, un hombre como sabemos de manillares pero que puede acabar arrollado por el volante de la EMT o una rueda de autobús. El mismo señor al que le han archivado las denuncias políticas contra Barberá que le ayudaron a ganar la alcaldía (Ritaleaks, Japan Week) se sorprende ahora de que la oposición quiera investigar lo de la EMT. Lo de la EMT es un asunto feo, que empezó con un aparente fraude financiero, destapó erráticas prácticas de gestión en la empresa pública y apunta a un sospechoso conflicto de intereses del propio alcalde. Ahora se entiende que intentaran zanjar el fraude con el despido inmediato de una trabajadora, elegida como cabeza de turco. Ahora se entiende la amenaza de Grezzi de mudarse al grupo mixto, ¿porque Grezzi puede tirar del sillín? En síntesis, LAS PROVINCIAS ha descubierto que el cuñado de Ribó es socio e interesado del bufete que ha facturado sin concurso público más de 220.000 euros de la EMT. Ahora se comprende que el gerente (García Alemany) es un hombre de paja sin mérito ni trayectoria para ocupar el puesto. Y que el ejecutivo en la sombra es Salvador Martínez Tarín, socio de Daniel Pérez Fernández, cuñado de Ribó. El alcalde defiende a su cuñado, faltaría más, y dice que su cuñado no trabaja para la empresa municipal; claro, el que trabaja es el bufete en el que el despacho del cuñado posee un tercio de la propiedad, entre otros vínculos y afinidades. Ha dicho el alcalde que el bufete es irrelevante porque cada abogado trabaja por su cuenta con su propia cartera de clientes; falso, es el bufete quien factura a la EMT y por tanto la EMT es cliente del bufete y no de un abogado concreto. Ha dicho Ribó que todo es cosa de Grezzi y que él no sabía nada, lo del cuñado como una bendita casualidad, mira tú. Así que le convendría a Sandra Gómez enterarse si de verdad el alcalde no conocía de antemano a Martínez Tarín de nada de nada, o si el PSPV acabará blanqueando nuevos trapos sucios de Compromís. Y también debería preguntarse la portavoz socialista por qué el alcalde está decidido a bloquear cualquier investigación profesional e independiente sobre la EMT.

Otro foco se va hacia la vicepresidenta Mónica Oltra. A principios de 2017 su marido de entonces abusó de una menor de 14 años en el centro de menores donde trabajaba. Presuntamente. Eso dice la denuncia. A la menor la creen la fiscalía, el forense y el juzgado de instrucción y le quitó en su momento credibilidad la conselleria, que no quiso cursar denuncia; el asunto lo activó la Fiscalía de Menores, que advirtió desprotección de la víctima. Esto es grave, a la administración le pasó el caso por delante de los ojos y lo ignoró. Este jueves se celebró el juicio y un día después Mónica Oltra tuvo que responder ante la prensa, porque se da la paradoja de que los centros de menores caen bajo su responsabilidad directa. Un mal trago tremendo. Y de fondo, el recuerdo de Segorbe, cuando Oltra se ensañó contra el centro religioso desde la tribuna de Les Corts, denunció personalmente un caso de abuso sexual calcado al de su exmarido, cerró la entidad y trasladó a los menores. El asunto fue archivado, nadie creyó a Oltra y la fiscalía, el juzgado y el TSJ ampararon a las monjas; ahora la Generalitat tendrá que indemnizarlos y no será barato. El exmarido de Oltra, en cambio, sigue trabajando en el mismo centro. Indefendible; radical en una situación, paralizada en la otra.

Y, como no, el ya trasteado asunto del hermano de Puig y sus socios de Castellón a cuenta de los miles de euros recibidos en subvenciones supuestamente fraudulentas. Según una denunciante, que ha situado a Francis Puig como ideólogo y cerebro de la trama, lo tenían claro desde hace años: «cuando gane Ximo nos vamos a forrar». Será cierta o no esa declaración, pero, ¿verdad?, cuánto nos suena a Álvaro Pérez o Marcos Benavent. El conseller Marzà lo supo hace meses y no hizo nada, pero de repente ayer sí respondió y de pronto pide a estos cazasubvenciones que devuelvan 200.000 euros de las ayudas al valenciano y traslada la resolución al juzgado. Lo que significa dos cosas. 1) Que el control del gigantesco sistema de subvenciones no funciona y a lo mejor se pretendía que no funcionara. 2) Que Compromís ha dado curso a este expediente justo ahora para tapar las informaciones que afectan a Oltra y Ribó. Las relaciones personales y políticas entre PSPV y Compromís están en estos momento rotas y quebradas.