ROMANCE DE LA CONSELLERA Y EL PRESIDENT

Hoy toca que nos disculpemos, abiertamente, aprovechando el parón obligado a que nos somete la jornada electoral. Y como en la mayoría de las disculpas, en lugar de ir directos al grano, usaremos algunos rodeos, largas explicaciones y acotaciones dispares antes de concluir con algo tan sencillo como: nos equivocamos, fue un error. Así que gastaremos una página entera de domingo para destapar ciertos mecanismos de autocensura que siguen rigiendo la prensa local respecto al poder político autonómico cuando se trata de poner el ojo y el oído en la mirilla que separa la vida pública y privada de los gobernantes.

En la prensa española siguen respetándose dos grandes temas tabúes, relacionados con los asuntos de la bragueta y de la salud de los políticos. La prensa nacional ha ido rompiendo esos corsés, pero en el plano local se mantienen hasta hoy bastante rígidos en todas partes. El periodismo anglosajón es otra cosa, evolucionó hace décadas, generalmente para bien. Aprendieron la lección con los Kennedy y sus innumerables aventuras de faldas. En concreto, el célebre romance de los dos hermanos con Marilyn Monroe se tapó en su momento porque era un tema supuestamente privado, muy privado pero en el que se utilizaron fondos públicos, establecimientos públicos, funcionarios públicos y asesores públicos haciendo de celestinos y correveidiles. Supuso un punto de inflexión en la vida norteamericana, entre otros motivos porque los devaneos de estos pájaros los debilitó ante la mafia y otros enemigos del estado; se dijeron, nunca más.

Pero no va esta reflexión sobre las cuestiones de alcoba y los trofeos sexuales de cada cual. No hace falta llegar ahí. El blindaje que buscan los políticos va mucho más allá de los saltos de cama. En mis inicios como director, todavía recuerdo la bronca escrita de Rodríguez Ibarra por una noticia de tres párrafos donde dábamos cuenta de que había sido atendido de urgencia en un hospital; aseguraba que no teníamos derecho a meternos en su vida porque estaba retirado, olvidándose de que seguía disponiendo a su servicio de media docena de empleados que pagábamos con los impuestos. Estos meses se ha escrito mucho sobre la enfermedad de Eduardo Zaplana, pero hace tres años fuimos los únicos que publicamos una nota (otra vez de tres párrafos bien contenidos) contando que iba a ser operado de inmediato en La Fe, y hacía meses que conocíamos la noticia pero nos parecía que publicarlo era una invasión a su intimidad, y una falta de delicadeza, y una descortesía ante una persona que se jugaba la vida en el quirófano. Un conseller en ejercicio nos llamó con educación para disuadirnos, pero el error estuvo en no informar antes y mejor del asunto, como se ha visto después. Para difundir a los lectores la separación matrimonial de Alberto Fabra mientras era presidente de la Generalitat esperamos varios meses, hasta que se produjo la sentencia judicial; también eso molestó. Más errores, que además nos confundió al creer que ya teníamos una solución para estos casos delicados o escabrosos, lo llamamos 'la doctrina Fabra'. Según la cual, el periódico preservará los asuntos privados de los gobernantes mientras no haya un hecho administrativo o judicial que modifique su estatus, digamos una sentencia judicial. Teníamos muchas razones para aferrarnos a esa doctrina autoimpuesta. Era una forma de preservar no ya lo privado, incluso lo íntimo; y de no parecer unos huelebraguetas; y de conservar nuestra reputación de seriedad puesto que podía tratarse de una ruptura temporal y no definitiva; y de no caer en sesgos machistas y/o feministas sobre quién deja a quién y quién sale despechado; y de no personalizar las denuncias del periódico a la gestión, diferenciando las críticas a las políticas con la crítica a la persona. En definitiva era más cómodo y parecía más conveniente porque nos facilitaba el trabajo, pero tenía y tiene un inconveniente grave, le hurtamos a los lectores una información relevante, que es la primera y fundamental misión de un medio de comunicación.

De esta manera nos hemos encontrado con la paradoja de que hemos informado con extensión de la relación afectiva de Albert Rivera con la cantante Malú y de la relación de pareja de Pablo Iglesias con Irene Montero, compañera de trabajo y subordinada, y lo hemos contado desde el minuto uno, antes de que tuvieran hijos o pensaran en tenerlos y antes de comprarse el famoso chalé de Galapagar. Hemos contado ambas historias con naturalidad pero no hemos contado que el president Ximo Puig tiene una relación de pareja estable y consolidada con la consellera Gabriela Bravo. A toro pasado, resulta difícil de entender, incluso para mí. De ahí la expresión de disculpa. Tampoco lo ha contado ningún medio local de la Comunitat, sí salió en las páginas rosas de la crónica social de El Mundo cuando los pillaron de escapada veraniega en el País Vasco. Ni siquiera en ese momento reaccionamos. Porque pensamos que 'la doctrina Fabra' nos daría el pie, como en el teatro. Y no fue así. Hace un año que llamamos a Presidencia de la Generalitat para abordar la separación matrimonial de Ximo Puig, suponiendo que nos apoyariamos en algún trámite judicial, la presentación de la demanda o la propia sentencia. Pero ha pasado el tiempo y no se ha producido. Ha pasado un año y Gabriela Bravo, una de las conselleras más eficaces de la anterior legislatura, ha reforzado su espacio político, ha ganado influencia y poder interno dentro del ejecutivo, se la ha visto como la principal opositora interna a Mónica Oltra y si Pedro Sánchez no la llama a su lado seguramente repetirá como consellera en un ejecutivo presidido por su pareja, Ximo Puig. El líder socialista tiene perfecto derecho a incluir a Bravo en su gabinete puesto que ya lo estaba antes de que iniciaran la relación. Pero tiene que ser consciente de que eso comporta riesgos y, sobre todo, el público tiene un derecho superior a conocer estas circunstancias, porque lo contrario supone un blindaje feudal inadmisible bajo la excusa de que es un asunto supuestamente privado.

Lo correcto hubiera sido llamar hace un año a Presidencia y pedir una declaración oficial en vez de engañarnos con la autocensura. Porque un tema silenciado, sea importante o no, va llevando al siguiente. Con una discrecionalidad incongruente. Por ejemplo, toda la prensa tituló que la mujer de Enric Morera fue condenada por insultar a un asesor del PP y también que la hija adolescente de Morera fue detenida por la policía (en realidad, una chiquillada, una noticia que me molestó publicar en su momento y de la que sí me arrepiento). Toda la prensa ha publicado la vida y milagros de la farmacia de la mujer de Camps o de cómo le van los negocios al hermano de Puig desde que ocupa la presidencia del Consell. Pero se nos ha olvidado destacar que Puig, histórico accionista del periódico Mediterráneo, es por tanto ahora socio del propietario de los periódicos Levante e Información. Signifique eso lo que signifique. El mítico periodista Eugenio Scalfari y muchos otros fijaron criterio hace décadas: «los asuntos privados dejan de serlo cuando se entrelazan con la vida pública».