Servicios sociales excluyentes

La vicepresidenta ha presentado el Anteproyecto de ley de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana. Después de más de dos años de gobierno, por fin se presenta un documento para que la sociedad valenciana conozca el modelo de sociedad y el modelo de administración pública del gobierno del Botánico. Por primera vez se presenta de manera ordenada un documento que pretende organizar de manera sistemática no sólo la 'protección social' sino el 'derecho a la identidad y la expresión de género', es decir, estamos ante un documento que no se limita a reorganizar los servicios sociales sino a cambiar el modelo de sociedad desde el modelo de administración pública. El gobierno valenciano sigue en su tarea de luchar contra los principios de una sociedad solidaria, abierta, moderna y competitiva. Más que incluir, estamos ante un documento para excluir; más que un documento garantista para la cooperación social, estamos ante un documento sectario elaborado para el enfrentamiento social.

Tendremos suerte que el debate parlamentario y los posibles recursos de inconstitucionalidad harán que estas 100 páginas quede en agua de borrajas. El presidente Puig y el socialismo valenciano no podrá decir que se trata de un documento de Compromis y la señora Oltra porque destacados miembros de su partido apoyaron explícitamente una circense presentación en la que no faltaron batucadas, canapés y el endiosamiento ceremonial de la vicepresidenta: Oltra en estado puro.

Los partidos de la oposición en lugar de salir y desmontar uno por uno los argumentos propuestos han preferido guardar silencio. Espero que en los próximos días digan algo y en el parlamento saquen a relucir sus mejores armas porque, de lo contrario, más nos valdría a todos buscarnos otra comunidad para jubilarnos. El documento se presta a varias lecturas y en la primera que uno realiza descubre la verdadera intención de los firmantes del Botánico: «imponer las políticas» (p.11). Por si no tuviéramos bastante con el resto de códigos, el documento se presenta como «nuevo código social valenciano» (p.12) que pretende «desterrar el carácter discrecional de nuestro sistema» (p. 13).

A pesar de que propone una colaboración con la iniciativa privada, pregunten a AERTE, las fundaciones de la sociedad civil y las organizaciones de voluntariado si los han tenido en cuenta. Y eso sin contar con los ayuntamientos en los que recae el peso financiero, los colegios profesionales (porque a excepción del colegio de trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos que parecen los únicos beneficiados por la ley), el resto de profesionales no tienen nada que decir. El debate no ha hecho más que comenzar porque además de cierto sectarismo e improvisación estamos ante una propuesta irresponsable de adanistas señoritos burgueses: «yo invito, tu pagas».