Suelo agrícola protegido

Un ejemplo reciente está en l'Horta de Valencia, donde la ley de protección frena inversiones necesarias para el desarrollo y la modernización de la agricultura. No se pueden montar invernaderos, ni ampliar construcciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad. Ni siquiera se permite colocar paneles fotovoltaicos. Mucho menos construir secaderos de chufas, pese a ser un cultivo exclusivo de la comarca.

Cuando Asaja advierte, en sus alegaciones al plan de la Vega Baja, que «el exceso de figuras restrictivas y las trabas burocráticas que plantea para las actividades primarias» lo convierten en «un nuevo atropello al sector agrícola y ganadero» y en «una condena al desarrollo agropecuario», podría parecer que estamos ante la exposición de conclusiones algo exageradas, de algún modo habituales en estos casos, cuando se trata de alegar en contra de unos máximos de planes oficiales, pero tenemos ejemplos anteriores que indican claramente que no hay exageración. En el caso de l'Horta hay un dato revelador que lo resume todo: el precio de la tierra ha caído a mínimos inauditos. Una hanegada en la huerta que valía varias decenas de miles de euros puede valer fácilmente hoy solo dos o tres mil euros, menos que en otros municipios o en áreas fuera de la zona protegida y sin ningún componente urbanístico futuro.

Muchas veces la protección agrícola es una figura retórica del planeamiento territorial que encierra la trampa de un freno a la actividad, y en los PGOU de muchos municipios hay también ejemplos de lo mismo: bonitas intenciones que se traducen en infiernos de burocracia para el agricultor, hasta agotarle.