Teoría del daño irreparable

Mientras el presidente Ximo Puig posaba para la posteridad ante las montañas de escombros de una parte de la antigua Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas derribada en los días previos (como el cazador que se fotografía escopeta en ristre con la pieza recién abatida) volví a leer el informe firmado por la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, por el que se autorizaba la demolición de una obra emblemática de la arquitectura moderna integrada en un conjunto declarado Bien de Relevancia Local (BRL). «Al no estar normativamente determinados los valores patrimoniales del entorno del BRL (cuya ficha no se aprobó), se informa la viabilidad de la intervención proyectada». Para que lo entienda todo el mundo: debería haberse redactado por parte de la Universitat de València un plan especial de protección del conjunto para determinar el valor de cada una de sus partes (Agrícolas, Psicología, Geografía e Historia y Ciencias de la Educación, todos ellos proyectados por Fernando Moreno-Barberá), pero no se ha hecho y al no hacerse la Dirección General, en lugar de apostar por la conservación del inmueble, aprueba el derribo. Cualquiera sabe que el daño irreparable que representa esta intervención aconsejaría y casi obligaría a haber adoptado la decisión contraria, pero debido a la urgencia sanitaria provocada por la pandemia se toma una opción tan directa como equivocada y destructiva del patrimonio. El daño irreparable es lo que alega cualquier abogado para tratar de evitar una actuación lesiva para los intereses de su defendido. Pero ni al propietario del edificio en cuestión (la Generalitat) ni a quien tenía que hacer el planeamiento del conjunto (la Universitat) ni al tercero en discordia (el Ayuntamiento de Valencia) les interesó en este caso lo más mínimo la preservación de unos valores arquitectónicos apreciados por los profesionales y despreciados por los políticos. Los que ahora no dudan en inmortalizar la destrucción de la obra de un arquitecto de reconocido prestigio pelearon durante sus años en la oposición por paralizar el derribo de alquerías o casas de poble de un indudable valor ambiental pero de mucha menor trascendencia artística. Agrónomos -como es conocido por el ciudadano de a pie- o Agrícolas -como realmente se llamaba- no merecía ese final, con informes aprobados aprisa y corriendo, licencias concedidas a la velocidad de la luz por el mismo ayuntamiento que ha provocado un atasco monumental de autorizaciones administrativas, y excavadoras trabajando hasta en fin de semana para minimizar las reacciones y condenar a los opositores a la irrelevancia.