Tormenta de agravios

La segunda variable es el contexto electoral de los comicios de Castilla y León. La última polémica sobre las macrogranjas, a partir de una entrevista en 'The Guardian', del ministro Alberto Garzón, ha dejado al descubierto uno de los flancos vulnerables de la coalición. La intervención de Pedro Sánchez en esta crisis ha sentado fatal en Unidas Podemos y, por primera vez, el papel del presidente se ha visto cuestionado por su socio de Gobierno. Puede que la sangre no llegue al río, pero esto deja heridas en un futuro.

Sorprende que Sánchez se haya dejado atrapar por una espiral que en el pasado había evitado de forma consciente, a pesar de que las 'provocaciones' de Pablo Iglesias le ponían en bandeja salir al paso. Y no lo hizo. Quizá hay que pensar que una de las razones de esta mayor beligerancia es el nerviosismo electoral que comienza a cundir en el PSOE ante la evidencia de que el PP logre fagocitar al espacio de centro liberal que hasta ahora representaba Ciudadanos.

Tercera variable: el PP pasa a la ofensiva en su denuncia de la supuesta arbitrariedad de los fondos europeos para la recuperación tras la crisis sanitaria y sus efectos en la economía y en el empleo. Ha decidido abrir un frente de desestabilización del Gobierno de coalición con la sensible cuestión de los agravios territoriales y de los 'privilegios' de determinadas comunidades -citan Euskadi, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura como, las que, presuntamente, han recibido el trato de favor- frente a la «discriminación» que supuestamente sufre Madrid. Isabel Díaz Ayuso recibe oxígeno en su estrategia de convertir a la capital de España en el buque insignia de su oposición al Ejecutivo de Sánchez y envolverse en la bandera del victimismo, que es un arma clásica de agitación de las conciencias, sobre todo en los tiempos difíciles, en los que conviene buscar una cabeza de turco y buscar culpables externos con facilidad para desviar todas las culpas.

Un mecanismo que suele ser rentable, pero que deja secuelas porque juega con el fuego de la convivencia. No es del todo un mensaje nuevo, porque hunde sus raíces en la estrategia identitaria del conservadurismo español, que en este caso pretende competir con Vox en un determinado espacio, sobre todo en comunidades como Castilla y León y Andalucía, en los que el prejuicio territorial frente a comunidades más desarrolladas económicamente sigue siendo poderoso. Cataluña ha dejado de convertirse en munición electoral -no hay que olvidar que el origen de Vox en buena medida fue propiciado por la eclosión del 'procés' independentista- pero el argumento territorial sigue siendo un resorte de movilización emocional, sobre todo cuando la recuperación económica aún no se percibe directamente.

La coalición de Gobierno, en todo caso, tendrá que blindarse y cerrar estos frentes para intentar que no salte por los aires su programa ambicioso de reformas. Para ello tiene que recomponer sus relaciones con sus socios nacionalistas, que han tensado la cuerda en cuestiones como la reforma laboral o el Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno central intenta rebajar el dramatismo de la situación y habla de «sobreactuación» del PNV por ejemplo, frente al ministro José Luis Escrivá. Pero hay veces que algunos problemas pueden inflamarse de forma descontrolada, o simplemente se van de las manos, cuando ya hay determinado caldo de cultivo y todos necesitan sus chivos expiatorios para esquivar los incendios.

Las palabras nunca son inocuas. Y menos en la política en las que, a menudo, se convierten en armas de combate. El colapso de la Segunda República, salvando las evidentes distancias, no solo tuvo que ver con una derecha muy agresiva, sino que fue alimentado por la propia debilidad del centroizquierda republicano, acosado en parte por la impaciencia del anarquismo revolucionario, una tácita 'quinta columna' que la minaba por dentro y detestaba su programa reformista. Ya se sabe que, a veces, los peores enemigos están dentro.