Tres minutos

En las oficinas municipales también se saben las triquiñuelas telefónicas: «Su llamada está esperando en cola, en la posición... uno». Si te dan el número uno es que no hay cola por delante... No importa, sigue la espera, como si fueras el trece, o al menos el segundo. Cuando se tercia, lo cogen, y te dan el número de antes de la corporación provincial. Buscas otro número, alguno genérico en el que se ponga una persona a la que explicarle. Inútil. Otro sonsonete: que si apriete el uno para esto, o el dos para aquello... Aciertas en el sorteo pero te vuelven a dar el número del principio, y así se cierra el enojoso círculo de la desatención persistente e institucionalizada.

Lamentablemente, los vicios más agudizados de empresas, bancos y responsables de suministros se han trasladado a la Administración, aplicando el principio de agotar al respetable, como medio más rentable de reducir a mínimos el tedioso trance de atender quejas y reclamaciones. No importa si hay razón; las ven impertinentes.

Frente a las extendidas oleadas de desprecio a la ciudadanía, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que anuncia algo verdaderamente revolucionario ante tanto despropósito en la siembra de quebraderos de cabeza: se obligará a todas las compañías de servicios públicos a que cuenten con departamentos de atención al cliente donde las llamadas no sufran esperas que superen los tres minutos ni se limiten a respuestas de robots.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado, con toda la razón, que algunas empresas hayan puesto en marcha «laberintos administrativos que impiden un buen trato en los servicios de atención y conllevan un gasto de energía, dinero y tiempo que suponen la renuncia efectiva de ejercer el derecho de atención al cliente». Pero esta ley en ciernes no terminará de dar esperanza efectiva al respetable cliente-ciudadano-contribuyente si no se extiende a la propia Administración pública. Por derecho y para dar ejemplo.