La noticia publicada anteayer en LAS PROVINCIAS acerca de que los universitarios valencianos soportan la mayor tasa de paro en España entre los titulados superiores es francamente una muy mala noticia. "Uno de cada tres graduados españoles trabaja en puestos que no requieren títulos de ... educación superior, el mayor porcentaje de la Unión Europea", continuaba. Por supuesto, sigue siendo verdad que el graduado universitario cobra más que el que tiene menos estudios, pero estos datos deben llevarnos a una doble reflexión. La primera tiene que ver con el modo en que la universidad responde a la demanda de empleo existente en la sociedad, y la segunda nos lleva a preguntarnos si el único criterio de la formación superior en cuanto a su promoción ha de ser la ley del mercado.

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Para la primera cuestión, sabemos que el presente demanda habilidades relacionadas con el ciberespacio y la gestión logística aplicada a innumerables sectores de la producción de bienes y prestación de servicios. Sería irresponsable descuidar esa parcela formativa so pena de perder el tren de la tecnología aplicada al desarrollo económico. Junto a este ámbito las profesiones de la salud mantienen su vigencia, como nos demuestra la pandemia mundial pero también la mayor exigencia que existe de que se viva más tiempo y en mejores condiciones.

Sin embargo, el desconcierto en cómo se gestiona una información veraz y la creciente capacidad de hacer el mal mediante las nuevas tecnologías nos marca una directriz: el buen desarrollo de una inteligencia analítica y crítica, lejos de ser un lujo de 'intelectuales', es una necesidad urgente, tanto más por cuanto que ese hiperdesarrollo del mundo virtual desarraiga al ciudadano del tiempo y del hábito necesario para pensar acerca de lo que lee.

El buen desarrollo de una inteligencia analítica y crítica es una necesidad urgente

Para la segunda cuestión, toda esa tecnología no puede suplir la comprensión adecuada de cuáles son las raíces de los graves problemas que puede aquejar a un país, ni mucho menos la toma de decisiones basada en el conocimiento y los valores éticos de una sociedad que aspira a la justicia. Es tarea también de un estado inteligente fomentar la existencia de grados que doten al sistema público de profesionales cualificados para actuar de forma preventiva en las principales cunas de las desigualdades, y eso incluye la educación, la protección a la familia y la lucha contra el fracaso y la exclusión social. Ya sea con iniciativa privada o pública, esas profesiones son tan necesarias como las otras, y para su enseñanza lo más importante no es la tecnología, sino su promoción social y la reivindicación de la vocación por ayudar al otro como una de las condiciones que distingue a una sociedad que aspira a que no sobre nadie.

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