Se veía venir

La implantación de la jornada continua llegó con tres promesas: que los padres serían decisivos en el cambio de jornada, que las actividades extraescolares que completaran el horario serían gratuitas y que se evaluaría esta implantación para asegurar su conveniencia. Estas salvaguardas estaban recogidas en la normativa, tanto en el pilotaje que puso en marcha el anterior gobierno como en el desarrollo normativo reiniciado con Vicent Marzà. Este artículo parece reiterativo porque cada modificación ha ido en la misma línea: deteriorar estas promesas y hacerlas vacías.

Ahora, como bien adelantó Ximo Batista en LAS PROVINCIAS, la Conselleria propone eliminar la obligatoriedad de renovar el tipo de jornada cada tres cursos. Es decir, que serán los profesores y no las familias, por su mayoría en el consejo escolar, quienes decidan si se mantiene o cambia la jornada. La Conselleria crea una falsa equidistancia: para cualquier modificación, de partida a continua o al revés, hay que pasar por el voto de las familias. Sin embargo, la continua es de esas decisiones que se votan hasta que se aprueban, mientras su reversión casi nunca llega a las urnas. Por eso la norma obligaba a votar cada tres años y de ahí que su desaparición ahora suponga apartar en la práctica a las familias. En breve, por los años que está esto vigente, habrá centros con una jornada continua que no haya sido respaldada por los padres del colegio. Por tanto, se vuelve a la situación actual, aquella en la que las familias reclamaban poder decidir la jornada del centro porque querían la continua. Pero al revés. Antes lo prohibía la Conselleria con sus reglamentos; ahora será el consejo escolar en el que los padres son minoría. Y como recordaba Arturo Checa el domingo, en el caso de los concertados, la familia es mera espectadora de la decisión del titular.

El otro incumplimiento era previsible ya que la posibilidad de organizar actividades extraescolares gratuitas es limitada para los centros e insatisfactoria para las familias que demandan cierta calidad para esas actividades. Así, que pasen de gratuitas a sin afán lucrativo era tan razonable como conveniente.

Sobre la evaluación, es especialmente grave esta especie de despotismo ilustrado que basa la nueva norma en «el análisis del funcionamiento y aplicación de la anterior normativa» de manera interna mientras sindicatos como Stepv o federaciones de padres y madres como la Gonzalo Anaya reiteran su solicitud de conocer esa evaluación que justifica los cambios. La transparencia, en política, es casi una forma de ser y si no se evidencia en lo menudo, los reglamentos e, incluso, la existencia misma de una conselleria sobre el tema, queda en simple burocracia, tediosa e inocua. Esa evaluación no se ha publicado, y lo poco que ha adelantado el conseller alguna vez va en la línea de porcentajes de satisfacción, que poco aporta al debate pedagógico sobre el impacto del tipo de jornada en el rendimiento académico.

El borrador que presenta la Conselleria es un paso más hacia el modelo que ya se preveía cuando se introdujo la opción de la jornada continua. Poco a poco caen las medidas que garantizaban algo de control para dar paso a un proceso mayoritario, corporativo y en el que las familias se reducen a cómplice puntual. Palabras como equidad, aprendizaje y alumnos se sustituyen por una encuesta de satisfacción. Así que todos contentos.