Un vicio público

Hay adultos mayores con problemas de estreñimiento a quienes la Seguridad Social no da laxantes, o padres y madres que deben pagar el jarabe para que sus hijos pequeños no tengan tos. En buena parte de los mayores, los problemas de tránsito intestinal no son simples molestias; son un perjuicio constante y un riesgo si se deja de combatir. En su caso no es un extra ni un capricho utilizar laxantes como no lo es la medicación para la circulación venosa en las piernas o la crema para evitar úlceras en quienes van en silla de ruedas. Lo mismo sucede con cremas para que los bebés no padezcan molestias por la piel atópica o jarabes para cortar la tos en pleno invierno. No son lujos, pero la decisión de no incluirlos entre los medicamentos subvencionados por la Seguridad Social hace que sus usuarios lo sientan como tal. Y no importa su situación económica. Simplemente ese producto «no lo da el seguro», de modo que quienes lo necesitan ven cómo tienen que pagar medicamentos considerados imprescindibles por todos salvo por las autoridades. Frente a ese esfuerzo en personas que no tienen una pensión boyante o familias numerosas ahogadas en gastos, acabamos de saber que los fumadores que no dejan el hábito por sus propios medios tendrán un medicamento subvencionado para lograrlo. Una decisión gubernamental que se acompaña además con un refuerzo psicológico que no tienen quienes sufren obesidad o ansiedad y deben lidiar ellos solos con su mochila mental.

Se me podrá acusar de ser conversa y, por tanto, intransigente. Es cierto. Quien ha dejado de fumar sin ninguna ayuda institucional, a base de caramelos sin azúcar y ejercitando su fuerza de voluntad, no puede entender que nuestros impuestos se destinen a paliar un problema voluntario que algunos optamos por asumir como propio y debemos erradicar con tesón. Los niños con piel atópica no escogen esa circunstancia. Los mayores con dificultades para andar que pasan el tiempo sentados no han elegido exponerse a las úlceras por presión. Pero las familias de unos y otros deben costear el tratamiento o la prevención de su bolsillo. Sencillamente no es justo. Es equilibrado para las cuentas públicas porque la prevención ahorra más que el cuidado del enfermo por culpa del tabaco, pero no deja de ser una incoherencia que el Estado ingrese dinero por el tabaco y lo destine después a financiar la deshabituación de su consumo. Es una gran hipocresía. Nos lo venden como iniciativas que buscan la erradicación pero no convence. Al menos, espero que quien se someta a la desintoxicación del tabaco con recursos públicos y recaiga, no vea financiados los intentos una y otra vez como hay quien pretende con los que suspenden asignaturas, pierden el carnet por mala conducción o engordan decenas de kilos tras someterse a una reducción de estómago. Tener una oportunidad es planteable, pero los intentos múltiples debería costeárselos cada cual.