Vuelve el plurilingüismo selectivo

La certificación del valenciano es una potestad de Estado que tiene la Generalitat, si me permiten, porque lo de otorgar títulos oficiales es una exclusividad que se firma en nombre del rey. Incluso, por mucha convergencia europea, fue más sencillo que nuestra moneda valga en Francia o Italia que sus carreras sean reconocidas aquí sin pasar por algún proceso de convalidación. El Estado quizás delega en los colegios la enseñanza, incluso las notas, pero sigue correspondiéndole definir los requisitos y registrar los títulos oficiales. Y en lo referido a la lengua propia, el valenciano, esto corresponde a la Generalitat, porque no vendrán de Madrid a decidir estas cuestiones.

Por tanto, la Generalitat ha decidido elevar el nivel lingüístico de (casi) todos nuestros bachilleres de las últimas dos décadas, que pasan de tener un nivel B1 en valenciano a un nivel B2, según lo previsto en el proyecto de decreto por el que se regula el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo. Es la primera revalorización de estudios que yo recuerde, acostumbrados en nuestra educación a la devaluación con medidas como el aprobado general que ayer se destacaba en LAS PROVINCIAS, el dar títulos con suspensos como la nueva norma de Bachillerato o al proceso de Bolonia que ha quitado prestigio finalista a los grados. El aprobado que antes te daba un B1 ahora te dará un B2. Acabamos, pues, de aumentar el nivel lingüístico acreditado de nuestros jóvenes.

Lo que se propone es un anhelo antiguo de la política educativa: aprovechar la escolarización para acreditar títulos básicos y medios de las lenguas. Lo propuso el PP cuando la Lomce, que tenía la ventaja de las reválidas, esto es, una prueba externa que viene a ser lo mismo que las pruebas externas de la Junta Qualificadora. También Vicent Marzà lo apuntó cuando llegó a la conselleria. La diferencia entre ambas propuestas, además de lo de la prueba externa, es que la del PP también incluía el reconocimiento de algún título básico de inglés. Que parece lo mismo pero no es lo mismo, porque para el valenciano la Generalitat es la máxima autoridad competente y para la lengua extranjera lo que decida se circunscribe al territorio, es decir, que en otra autonomía no tienen por qué homologar lo que aquí sí se homologa.

La novedad del actual proyecto está más en ese siete en Valenciano que permitirá obtener el nivel C1 en Bachillerato lo que significa que por primera vez una misma etapa dará opción a dos certificados diferentes. Y no será por una prueba externa sino por la calificación de cada profesor de Valenciano ¿Pasará como en selectividad que los sobresalientes en Bachillerato se han disparado?

La cuestión política, sin embargo, se esconde en la interpretación de la disposición final segunda del proyecto que señala que ese siete se reducirá a cinco «a medida que aumente el tiempo mínimo exigido destinado a los contenidos en valenciano en el conjunto de la Obligatoria», ahora del 25% del horario lectivo, una vez los centros «vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano». ¿Significa que ese siete bajará a cinco cuando todo el sistema llegue al 50% de horas en valenciano o cuando un centro lo haga? En este segunto caso tendremos la misma polémica que el decreto de plurilingüismo: un chantaje que da títulos diferentes según el programa lingüístico. Si es un requisito a cumplir por todo el sistema, el cambio quizás no pase de un deseo. El tema no es menor, ahora que también se aprueba que para ser funcionario de cuerpos superiores habrá que tener el C1.