Dos oposiciones bajo sospecha

El fin de semana del 13 y 14 de julio pasados, unos 23.000 estudiantes se presentaron a las pruebas de ortografía, idiomas y conocimientos de las oposiciones para optar a ser guardia civil, en unos exámenes en los que los aspirantes corrieron distinta suerte en función de si los llevaron a cabo el sábado o el domingo.

En el caso de las pruebas de ortografía, según los resultados provisionales, 6.569 aspirantes que se presentaron el día 13 recibieron la calificación de no apto, mientras que al día siguiente la cifra descendió hasta los 3.512. Frente a ello, unos 5.000 superaron la prueba el sábado y cerca de 8.000 el domingo, cifras que muestras, según los afectados, que una prueba tenía mucha más dificultad que la otra, puesto que siempre son exámenes distintos para evitar filtraciones de un día a otro.

Ante esta situación, un grupo de unos 60 opositores –una quincena de ellos valencianos– contactaron con el despacho de abogados Legal Oposiciones para trasladar la situación. También se inició una recogida de formas de afectados en la plataforma change.org. Los letrados investigaron el caso y contactaron con un perito especializado que elaboró un informe en el que, de forma detallada, argumenta que una de las pruebas era mucho más dificultosa que la otra por lo que, según los abogados, «se vulnera el principio de igualdad que debe regir en los procesos selectivos». Con estos argumentos, se presentaron alegaciones al tribunal de selección, y ahora esperan la publicación de los resultados definitivos. Si el proceso sigue adelante y no atienden sus reivindicaciones, como parece, «se presentará un recurso de alzada ante la Dirección General de la Guardia Civil en la que se pedirá la suspensión del proceso», explican.

Uno de los aspirantes a una plaza de profesor de Secundaria que se presentó a las oposiciones convocadas por la Conselleria de Educación ha presentado un recurso de alzada al considerar que se han cometido varias irregularidades que no garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función público. En concreto, ha denunciado que la aspirante que sacó la máxima nota en uno de los tribunales de la asignatura de Economía ha publicado un libro sobre la materia con la presidenta del mismo tribunal como coautora. Además, también alega que ambas han dado clases conjuntamente en el Cefire.

El segundo motivo sobre el que sostiene su impugnación es que no se hicieron públicos los criterios de evaluación con anterioridad al examen. Como señala en la demanda, «los criterios han sido internos, no se han publicado y no se han seguido al pie de la letra, sino que cada tribunal ha tenido una base, una guía, pero después ha aplicado su propio criterio de evaluación».

Así, considera que existe una base firme para impugnar todos los tribunales de la oposición de Economía lo que afectará a unos seiscientas personas.

También argumenta que no se le permitió utilizar todo el tiempo disponible para su exposición durante la segunda prueba de la oposición.

Según explicó su abogado, «la posible connivencia de la presidenta con una de las opositoras afecta al tribunal, pero la ocultación de los criterios de evaluación daña todo el proceso».

El opositor expresó su sorpresa porque se están dando comportamientos más propios «de un país bananero» y señaló que piensa llegar hasta el final no sólo por lo que pueda afectarle a él sino también «para intentar evitar que este tipo de actuaciones se repitan».