Las oposiciones docentes no contentan a nadie

Las próximas oposiciones para conseguir plaza estable en los colegios públicos de Infantil y Primaria no dejan contento a nadie, a tenor de la valoración que hacen los cinco sindicatos docentes con representación ante la administración. Se han anunciado recursos, no se descarta la vía judicial y se han impulsado las primeras protestas, como la organizada este miércoles por la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV en la sede de la Conselleria de Educación.

Los motivos son variados, incluso contradictorios, aunque destacan las críticas a la reducción de la oferta a 1.228 puestos frente a los 2.500 anunciados y a la maniobra de la administración valenciana de lanzar la convocatoria antes de que se publique el real decreto que ultima el Gobierno y que cambia la estructura de la prueba, que teóricamente será más beneficiosa para los aspirantes. Por tanto, se regirán por la normativa vigente desde 2007.

También hay quejas ante el temor de que la ratio de opositores derive en una elevada carga de trabajo para los funcionarios de los tribunales, que como ya sucedió el año pasado deberán compatibilizar el proceso de selección con sus tareas en las aulas al desarrollarse con el curso activo.

«La convocatoria sale con menos de la mitad de las plazas y sin las mejoras previstas, ya pactadas con el ministerio a falta de su publicación, que incorporan cuestiones por las que llevamos luchando desde hace años, como la simplificación del procedimiento o la eliminación del carácter eliminatorio de las pruebas», explican desde la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, que durante la negociación de las oposiciones pidió esperar a la nueva normativa. En este sentido consideran que habría dado tiempo suficiente para desarrollar el proceso y se habría podido incluir más plazas que las 1.228.

La conselleria ha alegado que la minoración se debe a la entrada en vigor de la nueva ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obliga a crear un proceso diferenciado para que los interinos puedan acceder a puestos que en los últimos años se han ocupado de manera temporal.

En cuanto a los plazos, no se ha querido demorar la convocatoria para que diera tiempo a su organización, teniendo en cuenta todos los pasos previos, como la selección de los tribunales y la coordinación con los centros, que seguirán abiertos al iniciarse el proceso el 11 de junio. 

El área de enseñanza de UGT PV también considera que se podrían haber ampliado las plazas de la oposición, en el sentido de que la citada ley lo ampara, permitiendo sumar más puestos estructurales o incluso de nueva creación. «Se ha desperdiciado una oportunidad, castigando al profesorado en relación a las nuevas condiciones, con pruebas no eliminatorias más beneficiosas y justas para los opositores», explican desde la organización, que va a presentar un recurso por la vía administrativa contra la decisión de convocar el procedimiento sin esperar al real decreto. «En función de la respuesta que obtengamos nos plantearemos acudir a los tribunales para cambiar la convocatoria», añaden.

El sindicato mayoritario, el STEPV, coincide estas críticas. «Es una decisión incomprensible y que va contra toda lógica, ya que las condiciones cuando se publique el real decreto son más favorables», señalan. Se refieren a que los aspirantes dispondrán de más temas a elegir en la prueba teórica, a que se reduce la cantidad de exámenes (dos o tres en lugar de cuatro) o a que aumentan los puntos de la experiencia previa en la fase de valoración de los méritos.

Además, denuncia que entre las 1.228 se han incluido más plazas de las debidas, en el sentido de que debían reservarse para la vía extraordinaria de estabilización al estar ocupadas por interinos con más de cinco años de antigüedad. Por ello no descartan recurrir a la vía judicial si no se modifica la oferta en relación a estos puestos.

«El recorte es inadmisible», alegan desde CSIF, que considera que la medida «atenta contra el objetivo de reducir la elevada precariedad y el abuso de la temporalidad» y supone «un grave perjuicio para miles de opositores que llevan años preparándose para unas pruebas convocadas desde 2019 y que tuvieron que suspenderse por la pandemia en 2020». «Y ahora, a escasos meses de los exámenes, se reducen sus opciones a menos de la mitad», lamentan. También critican que no se haya esperado a la entrada en vigor del real decreto que fija mejores condiciones.

Por su parte ANPE CV defiende que la convocatoria debe incluir el mayor número de plazas posibles para mejorar las plantillas y pone el foco en las condiciones en que se celebrarán las pruebas. Así, pide que se reduzcan las ratios de opositores por tribunal para facilitar «el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias», además de reducir la sobrecarga de trabajo para los funcionarios encargados de la evaluación.

También reclama que se publiquen los criterios de evaluación y las rúbricas «con la suficiente antelación para que sean conocidos por todos los aspirantes» y que se utilicen «todas las herramientas legalmente posibles para que puedan revisar cada una de sus pruebas».

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