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Las organizaciones que han mostrado su rechazo al modelo lingüístico del Consell han vuelto a exigir en los últimos días un periodo de matrícula extraordinario que en la práctica implicaría modificar la admisión. Así se han pronunciado colectivos como la plataforma No al Decretazo Sí a la Elección, las Ampas de la Vega Baja, la asociación Defensa del Castellano o el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, conformadas por las confederaciones de Ampas Covapa y Concapa y por la asociación Idiomas y Educación. Se considera que la suspensión cautelar y el mandato judicial de volver al modelo de 2012 cambia completamente el escenario que existía en la admisión para el nuevo curso, marcada por el decreto suspendido. Por ejemplo, en el comunicado remitido por las primeras se afirmó que con el decreto de 2012 existían más garantías para elegir la lengua vehicular (castellano o valenciano).
Las entidades citadas también han alertado de que se mantendrán vigilantes en relación a los pasos que dé la conselleria, y que no dudarán en presentar denuncias y quejas si se considera que no se cumple el mandato judicial. Las tres primeras organizaciones citadas, junto a las plataformas Igualdad Lingüística Calpe y Crevillent por la Libertad Lingüística, consideraron que «el hecho de que el Consell no haya dictado la orden de volver al decreto de 2012 refleja una absoluta voluntad de insumisión y el propósito premeditado» de hacer prevalecer su modelo. También defendieron que la organización de los centros debería haber quedado clara tras conocerse la suspensión cautelar de la norma de 2017, que trascendió a finales de mayo.
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