El pacto por la Albufera que la dana desfiguró y que se debe reactualizar

Algunos de los firmantes se han vuelto a adherir este año al decálogo suscrito en junio de 2024. Son voces que forman un discurso común, incorporando el parecer de los alcaldes de los municipios ribereños: poner en pie el parque es un propósito que requiere un elevado grado de consenso. Y en el apartado puramente científico, el juicio de los expertos consultados para este artículo pone el foco sobre cómo las debilidades que se habían detectado hace un año se han revelado críticas, necesitadas de un impulso urgente, luego del paso de la dana. Es el caso de la falta de recursos humanos para afrontar el día a día del parque y, en mayor medida, su respuesta a una tragedia de esta dimensión.

La mejorable gobernanza es uno de los puntos que merece ponerse al día con ocasión del simposio que esta casa vuelve a organizar los días 18 y 19 de junio, donde habrá ocasión para conocer el estado de la candidatura a Reserva de la Biosfera. Un proceso que ha evidenciado la conveniencia de avanzar en otro de los puntos del pacto: mejorar la convivencia entre los distintos actores que intervienen en la Albufera.

En general, los capítulos del acuerdo que hoy chequeamos suspenden. Todos merecen un análisis para adaptarlos a este tiempo postdana, como subraya Peris: «Hay mucho trabajo por hacer para volver al punto de partida que teníamos el 28 de octubre y seguir avanzando en el cumplimiento de los diez puntos».

Las necesidades más trascendentales de la Albufera exigen un compromiso de todas las administraciones implicadas para asegurar que las aportaciones de agua a la laguna permitan su supervivencia, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como de las actividades asociadas.

Paradojas del 29-O: el aluvión de agua que arrastró el Poyo hasta la Albufera «ha supuesto para la laguna una renovación hídrica, al menos parcialmente, y, por tanto, una mejora de la calidad del agua tras la estabilización del fenómeno». Estas palabras de la profesora Ana Blázquez invitan a ser indulgentes con la calificación que merece este apartado del pacto, uno de los pocos puntos del decálogo que se salva del suspenso. De hecho, a partir de esa evidencia, la docente de la Católica se anima a pensar que la abundante llegada de agua representa «un punto fuerte para la aprobación de la Albufera como espacio de la Reserva de la Biosfera». Los demás expertos consultados por este diario apuntan en esa misma dirección, aunque con una advertencia: la aportación continua de agua, un elemento de encendida controversia entre administraciones antes de la dana, continúa a la espera de una solución del conflicto entre los diferentes organismos implicados sobre la dotación del plan de cuenca en favor de un incremento de la aportación. «Se necesita una mejor regulación», concluye el catedrático Antonio Camacho. Y matiz adicional: «La Albufera nos salvó de males mayores asumiendo el exceso de caudal». Semáforo naranja.

Las prácticas industriales y urbanas que se desarrollan en el entorno del parque deben limitarse a lo prescrito en las leyes y demás normas sobre vertidos, mediante el compromiso de las instituciones de perseguir las malas praxis y fomentar una mentalidad respetuosa con las exigencias del parque.

Uno de los capítulos del pacto más determinado por la riada del 29-O. Todos los expertos consultados coinciden en que el lago sufrió una avalancha de detritus procedentes de los vertidos que arrastró el Poyo y temen que los plásticos que acabaron en el lago lleguen a generar microplásticos, altamente contaminantes: semáforo rojo. Antonio Camacho avisa de la conveniencia de, a partir de ahora, regular los almacenajes de productos tóxicos (incluidos los fármacos) en altura. «Una parte de los contaminantes no tenía que haber llegado a la Albufera», estima.

La preservación del humedal exige que se ejecuten a la mayor brevedad posible las infraestructuras hidráulicas de modernización, almacenamiento, conducción, depuración y reutilización, incluida la mejora de los canales, que son necesarias para lograr el completo sellado del lago respecto a la contaminación y para garantizar la aportación suficiente de agua de calidad. La renovación del colector Oeste y la construcción de los tanques de tormenta son las prioridades más elementales y necesarias.

En chequeos precedentes para observar el cumplimiento del pacto por la Albufera ya se atendió la opinión de actores tan principales como los regantes sobre este capítulo: semáforo rojo. Una voz de alarma sobre los graves daños sufridos por las infraestructuras críticas del humedal. Un dictamen que convive con el aplauso que merece la rápida reconstrucción de obras pulverizadas por el agua, que sirven de argumento a Camacho para esta reflexión: los futuros planes de emergencia deberían incluir los riesgos de las inundaciones para las infraestructuras.

Combatir las malas prácticas que generan situaciones de falta de oxígeno en el agua del lago, causando mortandad en la fauna piscícola, afectando también a las aves y degradando las condiciones paisajísticas del parque natural, mediante acciones que permitan la preservación y recuperación de la actividad pesquera tradicional, así como el reconocimiento de los derechos de los pescadores.

La profesora Ana Blázquez reitera respecto a este punto un diagnóstico más bien benevolente sobre la calidad del agua del lago una vez superada la dana. Habla de «impacto positivo de índole medioambiental» para subrayar que el incremento exagerado de caudal ha significado la renovación del lago «a partir de la evacuación de agua por la apertura de las compuertas de las golas en un volumen similar al recibido a través de los barrancos, dado que se mantiene la altura de la lámina del agua en la laguna». Un semáforo naranja avalado más o menos en los mismos términos por el resto de aportaciones científicas recabadas para este artículo, que entienden que la calidad del agua, pese a la acumulación de vertidos, no ha registrado variaciones significativas. Sobre este particular, Antonio Camacho señala una paradoja: la presencia actual en el parque de aves que se alimentan de la riqueza de invertebrados, fruto de que los arrozales continúan enfangados. Y añade otra cuestión primordial, muy sugerente: a su juicio, los tanques de tormenta previstos y nunca construidos para recoger el exceso de agua «no hubieran servido de nada ante la magnitud de las precipitaciones, pero para descargas convencionales son muy efectivos».

Las administraciones competentes, en especial los ayuntamientos implicados en el cuidado del entorno del lago, deben coordinar sus esfuerzos para garantizar un desarrollo urbanístico armónico, que respete la singularidad de cada municipio y fomente una acción común sobre todo el territorio.

Yo no viviría al lado de una rambla». Antonio Camacho, catedrático de la UV, dibuja con este elocuente mensaje su parecer a propósito de las malas praxis urbanísticas asociadas a la Albufera, en trance de revisión por la Administración autonómica. Una promesa de mejorar la ordenación del territorio que incluye la revisión del aparato legal anterior a la riada, como la ley de la Huerta, que a su juicio está justificada a partir de la ciencia: «La acentuación de patrones medioambientales de tipo mediterráneo debe obligarnos a anticiparnos a estas contingencias». ¿Cómo? «No construyendo en zonas inundables, aprovechando la anchura del barranco del Poyo para hacerlo más seguro y no edificando casas ni industrias ni dotaciones en los espacios que se vieron arrasados». Reflexión final:«El papel de los humedales costeros como la Albufera ante catástrofes como la dana se ha revelado impagable porque el agua tuvo espacio para expandirse». ¿Moraleja? «No urbanicemos los marjales». ¿Nota? Naranja.

Los arrozales del parque contribuyen a asegurar su pervivencia. Adecuar las técnicas de cultivo del arroz a las exigencias propias del cuidado del lago reclama la cooperación entre la Administración y los agricultores, para compatibilizar las prácticas agrícolas con la preservación del medio natural.

Otro semáforo en rojo. Según las tesis de los especialistas consultados, el cumplimiento de la conveniencia de armonizar los cultivos con otros usos ambientales sufrió un considerable retroceso. Así lo observa la profesora Ana Blázquez, partidaria de implantar «medidas de gestión y conservación para mitigar futuros daños en episodios similares que se prevén más frecuentes a corto plazo». «Hay que pensar en la Albufera como un ecosistema global, donde los arroceros armonizan sus campos para mantenerlos sanos con otros usos».

Coordinar las exigencias de los agricultores en relación a las quemas agrícolas con la atención que merece el medio ambiente y la salubridad de los municipios colindantes, mediante su gradual sustitución por alternativas medioambientales más saludables.

Semáforo rojo, porque se trata de un capítulo del pacto especialmente contradictorio, cuyo cumplimiento puede leerse bajo diferentes ópticas. Por un lado, los implicados en mejorar esta práctica difieren en su análisis: los arroceros creen que se ha avanzado en la gestión de la paja resultante de la cosecha pero las organizaciones ecologistas insisten en reclamar medidas alternativas al actual modelo, que juzgan con gruesas palabras. Pero es que además ese    sistema de convivencia en el lago y su entorno entre los diversos actores que viven de su explotación se sitúa en la cúspide de los desencuentros anotados durante el proceso de preparación de la candidatura a Reserva de la Biosfera. Una serie de históricos malentendidos que exige una mejora radical del actual esquema de negociación, según las fuentes consultadas. «Se necesita un diálogo más firme, constante y audaz para resolver conflictos y desconfianzas», señalan. Y Antonio Camacho se anima a esgrimir el vigente modelo de protección de dunas que evita que el mar entre en la Albufera y protege los arrozales como pista para alcanzar un acuerdo al respecto.

El cuidado de la Albufera compromete a la Administración autonómica a dotar al parque de un marco legislativo pendiente de renovación, que lastra su preservación. El Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales son dos herramientas imprescindibles.

Luces y sombras en la aplicación de este compromiso; en consecuencia, un indulgente semáforo naranja, porque es tan cierta la advertencia que enarbola la profesora Ana Blázquez («Seguimos esperando la renovación del PRUG y del PORN del Parque Natural», recuerda) como que la catástrofe del 29 de octubre animó a las autoridades implicadas a lanzar, al menos, un debate sobre la necesidad de mejorar la protección del territorio. Una fase previa a la adopción de medidas concretas, que aún no han llegado y que generan controversia entre, sobre todo, asociaciones vecinales y ambientales, que temen que la tragedia de la dana sirva como pretexto para operaciones urbanísticas que les merecen severos reproches... antes siquiera que se hayan producido. De hecho, la decisión más llamativa es de índole restrictivo: la Generalitat mandó detener un macroproyecto de urbanización previsto en una zona inundable de Aldaia, gesto que Antonio Camacho juzga con satisfacción: «Nos tenemos que olvidar de esos proyectos porque volvería a pasar lo mismo».

La necesaria reforma de la Ley de Espacios Naturales es una prioridad cuya resolución satisfactoria debería definir una figura específica de tutela que refleje la complejidad de la Albufera; permita abordar de forma satisfactoria su gestión; y avanzar hacia un significativo aumento de la actual plantilla del parque. Es urgente dotar de personal suficiente a la Albufera para garantizar su gestión y protección.

Un semáforo de color rojo encendido es la nota que merece el incumplimiento de este punto del decálogo. Ningún avance significativo registra una cuestión crucial para mejorar la gobernanza de la Albufera como coinciden las fuentes consultadas, a pesar de que, en palabras de Ana Blázquez, «es un requisito indispensable para alcanzar los objetivos planteados en el decálogo». Falta por ejemplo una dotación adicional de efectivos para retirar vertidos del marjal norte, una carencia que justifica la opinión de Antonio Camacho: «No veo avances».

Acuerdo para dotar al parque natural de una dirección con estatus de gerente, mejorando el actual proceso de selección para evitar que la plaza se quede desierta y garantice una gestión adecuada y eficaz, que se mantenga en el tiempo.

El color rojo distingue también el punto número diez del decálogo. Los representantes de la academia son unánimes al respecto: la ausencia de una figura específica que pilote cuanto significa el parque natural lastra su desarrollo y justifica la calificación de suspenso. Una mancha en el expediente de la Administración que, sin embargo, convive con alguna esperanza en el medio plazo. si finalmente la Albufera logra convertirse en Reserva de la Biosfera, los requisitos de gestión que impone la Unesco obligarán a reforzar los mecanismos de gobernanza. Deberá entonces instituirse una serie de órganos que aseguren un diálogo constante entre las partes, un liderazgo superior al que ahora merece su tutela. Antonio Camacho recalca que «la Albufera carece una cabeza visible específica», en alusión al actual modelo de dirección, que asume desde la Generalitat la atención al lago y su entorno dentro del organigrama propio de la Conselleria de Medio Ambiente. «Deberíamos tener una regulación mejor», añade. «Y extraer lecciones para el proceso de reconstrucción», concluye.