Los padres cargan contra Educación por dejarles sin voto en la jornada continua

Los representantes de las familias de la escuela pública se mostraron ayer muy críticos con la decisión adoptada por Educación de prorrogar un curso más la aplicación de la jornada continua en los centros a los que les caduca la autorización, que según la normativa vigente tiene una duración de tres ejercicios. Tanto la confederación mayoritaria de Ampas Gonzalo Anaya como Covapa advirtieron de que la decisión del departamento tiene una consecuencia principal: fulmina la participación.

La orden reguladora de 2016 establecía que de cara a la finalización de este periodo los centros con horario intensivo debían volver a iniciar todo el procedimiento, lo que incluía una consulta vinculante como la organizada para su adopción. Con al menos un 55% de apoyos entre todos los padres y madres se podría volver a aplicar la continua tres cursos más. En la actualidad hay 307 escuelas, la mayoría públicas de Alicante, que la implantaron en el 2016-2017, por lo que este ejercicio (2018-2019) era el último de vigencia de la autorización.

Pero en lugar de haber empezado todo el proceso para mantenerla en el 2019-2020 -para el que ya están fuera de plazo- la conselleria ha optado por incluir una disposición transitoria en el nuevo decreto que recoge todas las normas de organización y funcionamiento de los centros públicos (ROF) que se refiere a la citada moratoria.

«La Dirección General de Política Educativa prorrogará la vigencia de la autorización del plan específico de organización de la jornada a los centros que (...) hayan agotado el periodo de validez de tres años (...) y que deberían de renovarla, sin que tengan que iniciar de nuevo todo el procedimiento», tal y como recoge el borrador del decreto, que pese a haberse negociado aún no es oficial al no estar publicado en el Dogv.

La disposición no dice durante cuánto tiempo se aplicará, aunque a los sindicatos se les transmitió que sólo afectará a los citados 307 -los que terminan este curso- pues los que vayan agotando el plazo de tres años en ejercicios sucesivos ya entrarán dentro de una nueva orden sobre el procedimiento de adopción de la jornada continua que quiere impulsar la conselleria. En resumen, es un parche temporal que en la práctica enmienda completamente las propias reglas que en su día se impuso el departamento autonómico.

Aprovechando que el documento aún no es definitivo, la Gonzalo Anaya solicitó ayer que se retire la prórroga al entender «que vulnera los derechos de las familias a participar, tal y como establece la propia normativa de la conselleria, en la renovación del modelo de jornada», según se podía leer en el comunicado remitido ayer. Con la moratoria, añadió el presidente, Txomin Angos, «quedan suspendidas las garantías que la propia conselleria había previsto para las familias».

Durante estos años han sido numerosas las declaraciones del conseller Vicent Marzà poniendo en valor la solución adoptada inicialmente por su componente participativo. Por ejemplo, en abril del año pasado, en una rueda de prensa en Castellón, destacó que eran las familias con su voto las que decidían «qué tipo de jornada quieren», como recogió Europa Press. «Ha sido voluntad de cada consejo escolar y cada comunidad educativa, por lo que nosotros no tenemos ninguna cuestión que valorar, simplemente que el proceso haya estado bien hecho, que se preserve que los niños tengan una buena educación y que sean las familias las que decidan, porque no es un tema pedagógico», añadió.

La Gonzalo Anaya también ha pedido una reunión con el director general responsable, Jaume Fullana, para que les explique el alcance de la sentencia adelantada por LAS PROVINCIAS que anuló el procedimiento de cambio para, precisamente, las 307 escuelas que adoptaron el horario intensivo en el 2016-2017 y que gracias a la moratoria y la futura orden podrán sortear el fallo. Educación ya ha anunciado que recurrirá, y también trasladó ayer al sindicato Stepv que no tendrá consecuencias prácticas de momento.

Desde Covapa, su presidente Lorenzo Tendero criticó que «se hayan cambiado las reglas del juego justo en el último año de aplicación», y reivindicó que sean «las familias las que decidan el tipo de jornada que quieren para sus hijos, no la administración». «Si se aplicó con una norma que permitía votar y a través de una consulta a las familias, ¿a qué viene tanta prisa por impulsar un ROF que evita esta vía de participación?», se preguntaba.

A juicio de Covapa, es necesario que el ROF en su totalidad siga negociándose con la comunidad educativa al incluir muchos aspectos que afectan a la participación de las familias, como por ejemplo la reducción del plazo de antelación con que se remite a los representantes de los padres la documentación a tratar en los consejos escolares, pues será sólo de 48 horas cuando el decreto regulador actual, explicó el presidente, fija un mínimo de una semana.