Padres y colegios cargan contra la «ley ideológica» de Educación y prevén protestas

El Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva reforma de la enseñanza en España, la octava de la democracia. Y nace acompañada de polémica. Como es habitual en este país, deja fuera a buena parte de la comunidad educativa, que no se considera representada en sus postulados. Es más, se siente atacada. En esta ocasión, la Lomloe, primera gran ley del Gobierno PSOE-Podemos, lo ha hecho con la concertada. Diferentes representantes del sector dejaron entrever ayer su preocupación ante cuestiones como la consideración del modelo, «subsidiario» respecto al público, el tratamiento que da al castellano como lengua vehicular o el retorno de una nueva Educación para la Ciudadanía. Y desde algunos frentes ya advertían de protestas una vez se ponga en marcha.

«Volvemos a tener una ley que no nace del consenso, sino de la imposición», en palabras de José Antonio Rodríguez, presidente de Concapa Comunitat Valenciana, la confederación más representativa de las familias de la red.

«El trámite en el Consejo Escolar del Estado -antes de las últimas elecciones generales- se superó con el órgano completamente dividido, lo que da una idea muy clara de lo que está pasando, pues parte de la ideología, no de aunar esfuerzos. Su recorrido no irá más allá de quien está gobernando y eso es malísimo para la educación», dijo.

Rodríguez puso énfasis en la desaparición del articulado de la referencia a la demanda social a la hora de ordenar la oferta de plazas. «La Constitución establece que la planificación que hace el Estado no puede ir contra el derecho de las familias a que se les proporcione la mejor educación posible de acuerdo a sus convicciones. No estamos en absoluto de acuerdo y ese derecho lo vamos a defender», continuó, refiriéndose además al «derecho a que la Religión no sea una asignatura eliminada de facto». «No ponerle una materia alternativa es la manera de relegarla, de que no se pueda impartir adecuadamente», sentenció.

Por último, se refirió a la vuelta de la «denostada Ciudadanía», en referencia a la nueva materia obligatoria sobre valores éticos. «Volveremos a pelear para tener derecho a que se atienda la demanda social», concluyó, antes de mostrarse «seguro» de que la aplicación de la ley provocará protestas en la calle. En este sentido, recordó también el tratamiento que se da al español, «relegado a un segundo plano en zonas sensibles como las castellanohablantes», y la movilización que ha provocado en la Comunitat el avance de la ley valenciana.

Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), admitió la «preocupación» del sector por la aprobación de la ley, que ahora enfila el trámite parlamentario. «Nos considera subsidiaria de la pública cuando en realidad somos complementarios, y a nivel de los titulares de los centros limita derechos por la introducción de la figura del concejal en los consejos escolares, lo que supone politizar la educación», explicó. También trasladó la siguiente reflexión en relación a la demanda social: «Entendemos que lo que demanda la sociedad es nuestra razón de ser, y el modelo existe porque lo quieren las familias», dijo.

Por su parte, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la Comunitat, Vicenta Rodríguez, cuestionó que se saque una nueva ley «cuando no se ha evaluado el resultado de las anteriores». También se preguntó si irá acompañada de «recursos económicos y humanos o volverá a quedarse en una mera teoría», y consideró que es una ley «ideologizada, por las medidas sobre la Religión y a la concertada». Por último, dudó de que vaya a servir para «atajar los problemas del sistema». «Causa desazón que los grandes diseñadores de la política educativa de España no tengan una mirada de futuro, sino una mirada política», terminó.

Las patronales también se han pronunciado a nivel estatal. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) trasladó su «preocupación» ante el proyecto e insistió «en la necesidad de que en el trámite parlamentario se busque el consenso que en ocasiones anteriores el PSOE reclamó». También cree que se «recortan derechos de los titulares y de las familias, cuya libertad de elección se subordina a la planificación de las administraciones». Por su parte, Escuelas Católicas criticó la consideración de la red como «subsidiaria» y advirtió de que se pone en riesgo «la continuidad de numerosas unidades concertadas».

En cuanto a la enseñanza pública valenciana, la confederación Covapa lamentó ayer que la Lomloe «implique la pérdida de otra oportunidad de alcanzar un pacto por la educación». En cuanto a puntos coincidentes, hablaron de la evaluación del profesorado, aunque la prefieren obligatoria, o de la distribución «equitativa» del alumnado extranjero entre la pública y la concertada.

Eso sí, pidieron un mayor esfuerzo en la universalización de la enseñanza entre cero y tres años, en la inversión global, hasta llegar al 7% del PIB, y en incrementar la participación en los centros. En cuanto a la Religión, defendieron que debe quedar fuera de las aulas y reivindicaron que la ley garantice el derecho a elegir la lengua de enseñanza.

Màrius Fullana, presidente en funciones de la confederación Gonzalo Anaya, destacó que les habría gustado que se debatiera más con la comunidad educativa y que quieren ver cómo se plasma «en la práctica» el aumento de la participación. También tildó de avances el incremento de la inversión o el trato a la concertada o a la Religión, si bien admitió que la organización apuesta por «dar pasos más firmes».