Los padres exigen posponer la jornada continua y reclaman estudios que la avalen

Además reclaman disponer de estudios científicos que avalen su idoneidad. Y en caso de seguir adelante la tramitación (lo más probable) plantean una serie de enmiendas al texto provisional, entre ellas, que las familias tengan el control sobre la renovación de la modalidad horaria.

Como informó LAS PROVINCIAS, una de las principales novedades tiene que ver con la vigencia. Con la orden actual de 2016 cada tres cursos era necesario empezar de nuevo el procedimiento de autorización: elaborar un proyecto horario, aprobarlo por mayoría de dos tercios en el consejo escolar y el claustro y validarlo mediante una consulta a los padres, exigiéndose al menos un 55% de apoyos sobre el total del censo.

Con la nueva orden, aquellos centros que la quieran implantar por primera vez tendrán que dar todos estos pasos, pero se elimina la periodicidad de tres ejercicios. Y la potestad para cambiar (abandonar la continua para volver a la partida o a un modelo mixto) quedará en manos del consejo escolar, de manera que el órgano de participación decidirá, sin límite de tiempo, cuándo es conveniente una modificación, pasando por el proceso citado.

Así, frente a los tres ejercicios de la primera regulación, que una vez transcurridos llevaban sí o sí a la votación de las familias, a partir del próximo año puede darse el caso de centros donde la continua se mantenga 'sine die', hasta el punto de llegar a cambiar, en nueve cursos, todos los alumnos del centro, cuyas familias no votaron el horario de mañanas.

«Pedimos que siga existiendo un periodo vigencia a partir del cual hay que volver a hacer la consulta por varias razones», explicó el presidente de la confederación, Rubén Pacheco. «Puede que las familias consideren que aquello que se votó en su día no se ajusta a lo que pensaban o a lo que se plasmó en el proyecto. Y las familias que están en un centro cambian. Lo que unos años antes podía ser una postura mayoritaria unos años después puede no serlo», añadió. «Y hay otra causa. Se ha de evaluar el funcionamiento de forma periódica, y no se está haciendo, incumpliendo la norma de 2016. Y si la evaluación da como resultado que no está funcionando como debería ha de haber una consulta o una reversión inmediata», dijo.

Además de las evaluaciones internas también se contempló una externa, por parte de la conselleria, que las Ampas no conocen pese a que llevan años reclamándola. En la última mesa de padres, en la que se trató el proyecto de orden, desde Educación se comprometieron a facilitarles las estadísticas que tienen. Tras esta reunión, en un comunicado, la confederación insistió en la necesidad de contar con estudios científicos que avalen la mejor jornada, volviendo a reclamar el informe sobre los centros que han aplicado la modalidad continua. «Sin estudios científicos ni evaluación externa no podemos reabrir el debate de los tiempos escolares», dijo Pacheco.

Respecto a posponer la implantación, la Gonzalo Anaya argumentó que las restricciones en los centros impiden la participación presencial de las familias, necesaria para formarse una opinión sobre la mejor jornada (el protocolo limita la entrada de padres en las instalaciones, por ejemplo), y también alegaron que se prevén numerosos cambios y carga de trabajo para las Ampas, como la aplicación de la Lomloe o la recuperación de las actividades extraescolares organizadas por las familias.

Por último, defendieron que el debate sobre tiempos escolares se tiene que enriquecer con las conclusiones de la Comisión de racionalización de usos del tiempo de Les Corts, aún pendientes.

La postura de los sindicatos docentes difiere de la de los representantes de los padres, tal y como quedó patente tras la mesa sectorial en la que se debatió el borrador de la orden.

Uno de los puntos comunes entre las organizaciones tiene que ver con facilitar la adopción de la jornada continua. Así, el STEPV, mayoritario en la escuela pública, reclama que la votación vinculante sea sobre el total de votos emitidos, no sobre el censo de madres y padres, así como una dotación extraordinaria para sufragar las extraescolares que cubran el horario escolar hasta la salida del centro (voluntarias para las familias).

Más allá va el sindicato ANPE, que acusa a Educación de obstaculizar la implantación y reclama que sea suficiente con un acuerdo del Consejo Escolar como máximo órgano de participación de los centros, además de apoyar la idea anterior respecto al total de votos favorables en caso de mantenerse la consulta vinculante.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV insiste en la necesidad de garantizar la gratuidad de las extraescolares, prestando especial atención a centros de entornos vulnerables, apostando también por una votación basada en la participación y no en el censo, postura calcada a la que defiende CSIF, con el argumento de que «la abstención no puede penalizarse como voto negativo».

En las valoraciones emitidas por las organizaciones también se insiste en la importancia de recoger aportaciones de todos los sectores o de impulsar asambleas entre las Ampas.