Padres y profesores chocan por el reparto de copias de los exámenes

Las instrucciones que prepara la conselleria para que los centros faciliten copias de los exámenes corregidos a los padres o alumnos que las soliciten provoca división de opiniones entre los representantes de las familias y sus homólogos docentes.

Aunque hay matices en el discurso en función del sindicato o la confederación de Ampas que se consulte, se desliza la idea de que los primeros encuentran algún reparo, en el sentido de que se extraiga información sesgada sobre la evaluación a raíz de la consulta de una prueba, mientras que los segundos coinciden en el valor de la medida como herramienta de repaso.

Desde la confederación de Ampas Gonzalo Anaya consideran que la iniciativa «mejora la transparencia y puede permitir que las familias conozcan con más detalle en qué fallan sus hijos e hijas». Y sobre el hecho de que se pueda dar un mal uso a las copias (difusión por redes sociales o fiscalización de la tarea docente), confían en que haya un «tratamiento responsable» y en que cualquier discrepancia se trate primero con el profesor y el centro.

La postura es similar en la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa), también de la red pública. «No se debe interpretar la petición de una copia como un enfrentamiento o menoscabo de la labor docente. Supone disponer de una herramienta más para el estudio junto a los padres, que formamos parte del proceso de aprendizaje. Ha de verse como algo normal», dice el presidente, Lorenzo Tendero.

Precisamente ayer, en una reunión entre las confederaciones de padres y Educación, Tendero pidió que se faciliten las instrucciones que la administración remitirá a los centros recordando el derecho al acceso a las copias de exámenes, además de información sobre cómo se podrán solicitar (si se va a fijar algún tipo de protocolo) para poder resolver las consultas que les llegan. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, se comprometió a hacerlo en cuanto estén listas.

Cabe recordar que los padres tienen derecho desde 2015 a acceder a una copia de las pruebas en arreglo a una ley estatal, pero al no recogerse esta prerrogativa expresamente en la normativa valenciana se pueden dar casos de centros que se resistan. De ahí que el Síndic de Greuges pidiera que estas solicitudes se resuelvan en sentido positivo, idea que la conselleria asumirá.

Para la presidenta de Concapa CV, Julia Llopis, la iniciativa es «correcta si sirve para ayudar en la formación del alumno». Pero recela del posible mal uso que se dé a las copias (por ejemplo, comparativas entre alumnos o difusión vía móvil). A su juicio, debería regularse el acceso de manera que se eviten malas prácticas, y sobre todo, facilitarlo a familias que por motivos laborales no puedan acudir al centro. «Debe ser una herramienta de ayuda, no de discordia», sentencia.

Desde los sindicatos, el más contundente fue Anpe, que ya advirtió de que era «excesivo» repartir copias a demanda y que ya existía un procedimiento de reclamación de notas. «¿Son las familias especialistas en revisar los exámenes y cuestionar los criterios de evaluación?», se preguntaba, antes de señalar que se «limita la autoridad del docente».

Desde la organización mayoritaria, el Stepv, señalan que «se desvirtúa la naturaleza de la evaluación continua», por lo que apuestan por un modelo como el actual, en el que la familia «acude al centro y el profesor da todas las explicaciones sobre el proceso de evaluación, que va más allá de una prueba». Eso sí, consideran necesario algún mecanismo, como permisos laborales, para los padres que no pueden desplazarse por motivos laborales.

Para CC. OO. PV, «acceder a un examen concreto no es significativo, pues lo importante es que el profesor pueda mostrar todo lo que es la evaluación, que va mucho más allá». También defendió que el disponer de explicaciones es lo más habitual en los centros. Postura similar trasladó el delegado de UGT Javier González: «Se utilizan muchas herramientas como cuestionarios, prácticas o ejercicios, una única prueba puede ser una información parcial». También alertó del riesgo de que se usen para hacer comparaciones, si bien, en su opinión, «no es de una importancia radical acceder a un examen ni esta posibilidad es un ataque a nuestra labor».

Por último, desde Csif se rechazó la medida si se pretende «una fiscalización o supone una pérdida de autoridad». Además, pidió que el mismo derecho de acceso a copias corregidas se aplique a los docentes en sus pruebas: por ejemplo en oposiciones o en exámenes de idiomas.