Un vecino de Alfara, víctima de sus inquilinos: «Pago el agua y la luz de los okupas y vivo de alquiler»

Vicent March, vecino de Alfara del Patriarca, está atravesando una situación enrevesada que le dificulta dormir por las noches y que le preocupa. Aunque trabaja como responsable financiero de una empresa y tiene un sueldo que se podría considerar como digno, lleva casi dos años sin recibir un solo euro de la familia que está residiendo, en los primeros años de manera legal y posteriormente como okupas, en su casa de Moncada: «No me pagan nada desde el mes de enero de 2020. Y no se trata de un alquiler caro, son 400 euros al mes».

Y es que, debido a un cambio en su situación personal, lo que era una segunda residencia para Vicent, podría ser actualmente su casa, pero no lo es: «Ahora me vendría muy bien, pero tengo un piso de mi propiedad, lo necesito y no lo puedo usar», explica.

Sin embargo, la presencia de estas personas en su domicilio le ha obligado a su vez a alquilar otra vivienda para él y para su hijo de siete años, en la que invierte 600 euros cada mes, por lo que la sangría económica no es leve.

«Mi abogado me dice que no se puede hacer más de lo que ha hecho mientras siga en vigor una ley que, desde marzo del año 2020, impide ejecutar desahucios. Dicha ley se prorrogó hasta marzo del próximo año 2022», comenta preocupado ante el muro legal con el que se topa.

Reconoce que, a sus 50 años de edad, se siente «como en un callejón sin salida». Recuerda que tiene una sentencia favorable para recuperar su piso desde enero de 2020, pero nada ha podido hacer desde entonces: «Una semana después de decretarse el estado de alarma estaba planificado el lanzamiento. Pero, como consecuencia de la paralización de los desahucios a familias vulnerables, no se ejecutó».

Y es que en la vivienda residen «al menos cuatro personas», aunque el número de habitantes fluctúa.

Toda esta historia, hoy convertida en pesadilla, comenzó hace cuatro años cuando una mujer contactó con él para alquilar esta vivienda «y ya hubo problemas porque no quiso dar un número de cuenta para los suministros (el agua y la luz)». Junto a ella, en la vivienda reside su madre y tres hijos: uno de ellos adolescente que, además, durante un cierto tiempo «usó la casa para organizar fiestas», según le pudieron confirmar otros vecinos.

En el piso no vivió nadie entre febrero de 2020 y julio de 2021 pero el pasado mes de agosto volvieron a la vivienda y la deuda continúa aumentando: «Siguen consumiendo agua y luz, y me toca pagarlo a mí. En el caso de que les cortaran el suministro, la inquilina podría denunciarme por coacción y tengo todas las de perder. Tengo que pagar y luego reclamar», se lamenta. «Ni he calculado cuánto me deben», prosigue, aunque la sospecha es que no se trata de una cantidad ni mucho menos pequeña.

Vicent explica que cuenta con el apoyo de la mayoría de los vecinos de la finca, «ya que firmaron un escrito donde reconocían esta situación». Sin embargo, no vislumbra una solución a su problema y pide que las administraciones actúen para que, a la vez que esta familia tenga un lugar donde vivir, él no siga viéndose perjudicado. Sin embargo, teme que la situación no se solucione pronto y sus problemas económicos sigan incrementándose paulatinamente.