El pago de las ayudas a dependientes fallecidos acumula demoras de dos años

Rosa (nombre ficticio para preservar su intimidad) presentó la solicitud para recibir las ayudas previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia el 8 de enero de 2016, aunque falleció sin que la Administración autonómica resolviera su expediente. Su familia, casi dos años después (en octubre de 2017) inició el procedimiento para reclamar a la Generalitat que hiciera frente al abono de las prestaciones que Rosa nunca llegó a percibir y, por tanto, se haga cargo de la responsabilidad patrimonial que conlleva este retraso a la hora de activar estas ayudas, que la ley marca que no debe superar los seis meses. Sin embargo, en estos casi dos años, los afectados no han tenido noticias del Consell, por lo que se han visto obligados a pedir el amparo del Síndic de Greuges. De hecho, unas 150 familias en esta situación han tenido que recurrir este año al defensor del pueblo valenciano al sufrir demoras que rozan los dos años.

En total, el Síndic ha tramitado a lo largo del ejercicio 564 recomendaciones a raíz de quejas relacionadas con el ámbito de la dependencia, prácticamente todas relacionadas con retrasos, bien en la resolución de expedientes -que rondan los 14 meses, cuando el plazo legal máximo es de seis- y por demoras en el pago de la responsabilidad patrimonial. El año pasado fueron 667 las quejas mientras que en 2017 ascendieron a 465 y en 2016 fueron 317. La previsión es que continúe el goteo de reclamaciones, puesto que la lista de espera en dependencia para cobrar las ayudas ha aumentado un 26% en los últimos cinco meses hasta los 27.457 solicitantes (en total, 5.685 personas más en ese tiempo). Respecto a junio de 2018, cuando las listas de espera llegaron a su mínimo histórico con 19.257 solicitantes, el aumento es del 42%. Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas achacan este incremento al aluvión de nuevas solicitudes recibidas y recuerdan que «la falta de una financiación justa hace que la aplicación de la Ley de Dependencia sea más costosa en la Comunitat, ya que con la cantidad que corresponde se podría incrementar el personal que tramita los expedientes o contar con más plazas».

Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, en la actualidad la conselleria se está centrando en devolver los importes que entre 2012 y 2015 se recortaron en las ayudas que se estaban prestando y de los copagos a los que tuvieron que hacer frente los usuarios de residencias o centros. En concreto, subrayaron desde Igualdad, la conselleria ya ha abonado a 6.250 personas en situación de dependencia de la Comunitat 27,2 millones de euros correspondientes al citado 'copago encubierto'. La medida se adopta después de que estos recortes fueron anulados en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

«Una de las primeras decisiones del actual Gobierno de la Generalitat fue eliminar este 'copago encubierto' que venía a recortar las prestaciones que percibían las personas dependientes, de manera que algunas de ellas pasaran a no cobrar más de 20 euros al mes para hacer frente a los servicios que requerían», explicaron. Con la devolución de oficio de más de 25 millones de euros correspondientes a los recortes sufridos durante esos años «se cumple el compromiso adquirido de reparar el derecho de estas personas, devolviendo el dinero que dejaron de percibir de manera injusta».

Por otra parte, insistieron en que ya se ha iniciado la devolución de 1,3 millones de euros a 604 personas con diversidad funcional en situación de dependencia por los copagos realizados a centros asistenciales. En concreto, se trata de la devolución de las cuantías abonadas por las personas usuarias a los centros de día en concepto de copago durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. La cuantía de las devoluciones asciende a 1.321.820 euros y se han establecido a través de la revocación de las resoluciones que en ese momento determinaron el precio público de la plaza que los usuarios debían abonar.

Desde el colectivo de dependientes aplauden las medidas que a lo largo de la pasada legislatura se pusieron en marcha para agilizar los procedimientos (de hecho, ya hay más de 85.000 beneficiarios, el doble que a finales de 2015), pero lamentan que «a pesar de que hay más beneficiarios, la lista de espera no disminuye y no se acaba. Además, el tiempo de tramitación ronda el año o el año y medio... Es muy preocupante», como resumía Carme Santamaría, secretaria y portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Castellón. «Además, la situación a corto y medio plazo invita a pensar que no se va a solucionar y que se va a ir agravando», destacó en relación a la denunciada falta de financiación estatal.

En esta línea, desde el Consejo Autonómico de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat (Cocemfe CV) ya mostraron su preocupación ante los posibles ajustes en el presupuesto de la Generalitat para el 2020 y la posibilidad de que sigan aumentando las esperas en la atención a las personas dependientes.