La paralización de la mayor planta solar de la Comunitat en la Calderona deja en el aire una inversión de 10 millones de la promotora

«Vamos a luchar por la vía que sea mientras haya vida, por la administrativa o si no por la judicial para solicitar indemnización de lucro cesante». Lo ha asegurado Antoni Llorens, CEO de EnerHi, la empresa promotora de la planta fotovoltaica de 210 megavatios prevista en los términos de Segorbe, Nules y Moncofa, después de que el Ministerio haya resuelto desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

Aunque esta resolución no es recurrible, Llorens asegura que van a presentar la documentación adaptada del proyecto para subsanar y contemplar las exigencias y salvar las distancias con las figuras de protección, integración paisajística o la inclusión de un proyecto agrosolar en las zonas de alto valor agrológico.

Si aún así, con estas modificaciones, la promotora finalmente no se consigue la autorización administrativa previa, interpondrá un recurso de alzada, así como se querellará por prevaricación contra el funcionario que no dio la autorización dentro de plazo para llevar a cabo la prospección arqueológica preceptiva en la parte de Nules y que, asegura Llorens, ha sido determinante para no conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

«No damos por perdidos los 10,5 millones que llevamos invertidos. Vamos a pelear hasta el final porque las reglas de juego estaban suficientemente claras y por eso hicimos la inversión», insiste y recuerda que en todo el territorio de la Comunitat tienen proyectos que suman 2.100 megavatios, por lo que la pérdida se multiplicaría por diez y apunta que irán «contra quien ha impedido hacer lo que las reglas nos decían».

Y es que Llorens explica que el permiso para realizar el estudio arqueológico les llegó cuatro días después de haberse cumplido el plazo para presentarlo en el Ministerio. «Nos la dieron el 22 mayo, cuando el plazo de presentación cumplía el día 18 y no iba firmada por el jefe del servicio, lo hace la delegación provincial de Castellón», señala y apunta a dicho jefe de servicio como responsable de dilatar el permiso.

«Siempre hemos estado dispuestos a hablar y consensuar, a adaptarnos a la normativa o incluso retirando proyectos, pero se han ido introduciendo elementos que han variado las reglas de juego con la única intención de dilatar los procedimientos para que se cumplan los plazos. Primero fueron las moratorias de los ayuntamientos; luego los plazos de respuestas de las direcciones generales; le siguió la Proposición No de Ley que hacía preceptivos los informes de la Generalitat con advertencia de recursos contenciosos... Algo que no ocurre en el resto de comunidades autónomas», subraya Llorens.

La empresa, para este proyecto, ha tenido que depositar un aval de 8,5 millones en conceptos de puntos de acceso y conexión a la red eléctrica. A los que se suman otros 2 millones por los estudios realizados y los contratos de opción de compra de los terrenos (unos 2.000 euros por hectárea). La inversión total prevista supera los 140 millones.

EnerHi cuenta con el 60% de los terrenos necesarios, según explica el CEO de la empresa, aunque, a diferencia de los proyectos que se tramitan por el Ministerio o en otras comunidades, no se exige un mínimo de terreno ya comprometido para solicitar la autorización.

Además, cuenta con el informe de compatibilidad urbanística de los ayuntamientos y cuentan con el apoyo de dos de ellos, Segorbe y Nules, de hecho, asegura que han incluido en su presupuesto de este año las cantidades en concepto de licencia de obra, de algunos millones de euros, «que en estas circunstancias no van a recibir», señala.

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