El paso lento de la justicia en la Comunitat

Estanterías y armarios, además de algún que otro ordenador, para poder almacenar y ordenar los numerosos expedientes que se acumulan en las distintas salas de los juzgados. Es una de las peticiones que se más se repite durante la lectura de la memoria anual de 2018 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana y que refleja la situación en la que se encuentran las distintas sedes judiciales valencianas.

Se suman aspectos como el exceso de trabajo, la falta de personal, la deficiente accesibilidad (bien para personas con movilidad reducida bien porque las sedes están dispersas en un mismo municipio) o la situación obsoleta en que se encuentran las infraestructuras judiciales. Deficiencias que, además, son puestas sobre la mesa por los distintos sindicatos del sector e, incluso, por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, que recuerda a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, las palabras mencionadas en su discurso de toma de posesión de la actual legislatura, donde abogó por la dignificación de las sedes judiciales y por la digitalización de la justicia.

A uno de esos retos intenta responder 'La nueva cara de la justicia', que así se llama el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana que la Generalitat presentó hace ahora un año. Dotado con 200 millones, incluye la construcción o rehabilitación de una quincena de juzgados hasta el año 2021, además de actuaciones dirigidas a mejorar los sistemas de seguridad y el mantenimiento. Entre ellas, por ejemplo, la intervención completa en la sede del TSJ de la Comunitat, cuya mudanza comenzaba el pasado lunes.

Sin embargo, un año después de aquella presentación, la ejecución del plan avanza a paso lento, ya que ninguna de las obras contempladas ha sido licitada. Eso a pesar de que Alicante, La Vila-Joiosa, Alzira, Orihuela o Sueca tenían fijado el plazo de las licitaciones en el primer semestre de este año. Hasta ahora, únicamente se han sacado a concurso las redacciones de los proyectos y la dirección de la obra, además de otras intervenciones menores que la conselleria que dirige Bravo sí que ha impulsado. En total, 1,76 millones de inversión hasta abril, según datos facilitados por la Cámara de Contratistas de la Comunitat.

Entre esas actuaciones figura, por ejemplo, la mejora de la climatización de la Ciudad de la Justicia, que arrastraba problemas y quejas por el aire acondicionado desde su apertura en 2003. Precisamente a este emblemático espacio se refieren los sindicatos consultados por LAS PROVINCIAS para trazar la radiografía de la situación de los partidos judiciales, ya que consideran que el incendio ocurrido en la Ciudad de la Justicia en septiembre de 2017 fue «el punto de inflexión» sobre las inversiones, el suceso que marcó «un antes y un después» para que la Conselleria de Justicia dejara de ser la cenicienta de los presupuestos.

Lo apunta, por ejemplo, el delegado de Prevención de la provincia de Valencia del sindicato CSIF, José Herrera, quien cree que aquel incendio sirvió para poner, por lo menos sobre el papel, más inversiones en justicia. «Valoramos el esfuerzo de la Generalitat pero habrá que ver a largo plazo si se cumple», añade.

A su juicio, los dos grandes problemas que acumulan los juzgados valencianos son la sobrecarga de trabajo («estamos por encima de los módulos que marca el Consejo General del Poder Judicial»), que se produce por la falta de personal y por la carencia de juzgados; y el exceso de papel. «En 2016 ya se habló del 'papel cero' pero, tres años después, sigue siendo una utopía», comenta Herrera, que apunta a la necesidad de contar con un programa de gestión informática «eficaz».

En este sentido, el representante del CSIF recuerda que «Hacienda lo tiene y funciona mucho mejor». Algo que también resalta la coordinadora de CC OO en el sector de Justicia, Marián Rubí. «Es, además de mejorar el ancho de banda, tener un programa de trabajo que no dé continuos problemas», explica.

Desde esta organización sindical también se insiste en avanzar en el proceso de digitalización, en la sobrecarga de casos en muchos juzgados (para lo que se pide la conversión de las 200 plazas de refuerzo creadas recientemente en fijas) y en las deficiencias de muchas sedes debido a que están ubicadas en espacios no habilitados para ello, como el caso de Xàtiva y Ontinyent, o que son alquilados y son pequeños, comenta la portavoz de CC OO.

Asuntos como la convocatoria de la mesa sectorial, el plan de actuación de la carrera profesional o la publicación de la orden y convocatoria de bolsas de interinos también son anotados por CSIF, CC OO o STAJ como «pendientes». Para el delegado sindical de este último, Luis García, es acuciante que se resuelva «la parálisis» de la Dirección General de Justicia debido a las elecciones y el concurso interno de traslados.

Entre las reclamaciones del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia figura más presupuesto para mantenimiento, «haciendo extensivo el aumento de presupuesto para limpieza, en los próximos contratos».

Respecto al deterioro de los partidos judiciales, las fuentes consultadas destacan que, aunque hay carencias en todos, algunas pueden etiquetarse como urgentes. Es el caso de Llíria, Quart de Poblet (influido por el crecimiento del aeropuerto), Orihuela, Sagunto, Vinaròs, Alzira o Nules.

Al hilo de esto, la representante de CC OO también insiste en la necesidad de poner en marcha la comarcalización de los juzgados de violencia de género, una propuesta recogida también en la memoria de 2018 del TSJ de la Comunitat. La saturación de casos también es aquí evidente, como recuerda el representante autonómico de Justicia de UGT, Santiago Alegre, al tiempo que añade las cargas de trabajo en ejecutorias penales, en los juzgados de lo social o en archivo, donde «el personal no da abasto».

Para el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados que preside Antonio Esteban, «los tiempos de respuesta siguen siendo inaceptables. Las dilaciones judiciales y la inseguridad jurídica que comportan afectan negativamente a la actividad económica e inversora y, desde luego, a la propia confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho».

Pone el foco en «las carencias de siempre», como falta de jueces y medios materiales y personales para la prestación de los servicios, aunque reconoce «los esfuerzos» de la conselleria en materias sensibles como la violencia de género. E insisten en que la mejora y modernización no será posible sin «inversiones suficientes y sostenidas en el tiempo».