La patronal Aerte lleva a los tribunales la norma que encarece las plazas de residencias

La patronal de residencias de mayores y personas dependientes de la Comunitat, Aerte, llevará a los tribunales el nuevo modelo de organización de los centros asistenciales impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al considerar que tendrá consecuencias negativas tanto para el sector como para miles de usuarios. En síntesis, la reestructuración obliga a las empresas a aplicar mejoras, como nuevas ratios de personal, con los consiguientes costes económicos. Sin embargo este incremento no se compensará a través de las ayudas que los pacientes reciben por parte de la administración, de ahí el encarecimiento del coste del servicio.

Tal y como ha explicado el presidente de la entidad, José María Toro, la decisión la tomó hace unos días la junta directiva y ha sido sometida al criterio de la asamblea general celebrada este miércoles, que la ha aprobado por unanimidad.

«Se ha decidido ratificar el recurso contra el decreto de tipologías (oficial desde el pasado marzo) al considerar que debe estar dotado de los recursos necesarios para que no suponga un coste añadido para los usuarios», ha señalado a LAS PROVINCIAS, antes de defender que la patronal está de acuerdo con impulsar una nueva organización de centros y servicios «adaptada a las necesidades actuales», pero aportando «seguridad jurídica y los recursos económicos suficientes para su desarrollo».

Tras el encuentro se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado el presidente de Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios Avacu, Fernando Móner, el presidente del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat, Enrique Castillejo, y la alcaldesa de Navarrés, Estela Daroca. En el foro, según Toro, se ha cuestionado tanto las consecuencias como la manera de tramitar la normativa. «Hemos querido visibilizar que no sólo Aerte le ve problemas al decreto», ha añadido.

Desde que se conoció el borrador de la normativa han sido varias las acciones de protesta protagonizadas por trabajadores y usuarios, desde concentraciones hasta cartas dirigidas a Ximo Puig pidiendo su intervención. Entre los argumentos esgrimidos está el hecho de que el Consell Jurídic Consultiu emitiera un informe desfavorable al cuestionar el impacto económico que puede tener el cambio, especialmente entre las personas con menos recursos.

Según las estimaciones realizadas por la patronal puede suponer un encarecimiento de 540 euros por una plaza de residencia, 550 para un centro terapéutico de Alzheimer y hasta 1.600 para una vivienda tutelada para enfermos mentales.

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