La patronal critica la reorganización de las ayudas para enfermos mentales

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha denunciado este viernes que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha reducido a una tercera parte las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental, lo que «ya está provocando que no se pueda atender a muchas personas en los recursos que necesitan». Frente a ello, desde el departamento autonómico replicaron que se «ha producido una reestructuración del sistema, que filtra mejor el dinero hacia la persona usuaria», y que se ha impulsado el Servicio de Atención y Seguimiento para las personas con problemas de salud mental grave (SASEM), que amplía las plazas.

Por una parte, el presidente de la patronal, José María Toro, explica que Igualdad publicó el pasado 12 de agosto el secreto 102/2022 que modifica la anterior norma 62/2017 que regula el acceso a prestaciones de dependencia de la Comunitat Valenciana.

Así, señala que en dicha normativa, se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. De este modo, si hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.350 euros mensuales, «ahora se concederá solamente una tercera parte, 810 como máximo», lo que «impedirá a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos».

Además, indica que para que puedan acceder a la ayuda máxima, como ha venido sucediendo hasta ahora, les exigen que sean atendidos en viviendas asistidas, una tipología «muy escasa» en toda la Comunitat. Por ello, advierte de que «solo permite atender a un número muy limitado de personas».

Al respecto, critica que esta clasificación de viviendas «está adaptada a perfiles de personas con un alto nivel de necesidades y no a la vida más independiente y autónoma de las personas que se han venido atendiendo hasta ahora, lo que resulta contraproducente desde el punto de vista de su rehabilitación».

El resultado, constata, es que personas que tiene que recibir el alta en hospitales y que podrían ser atendidas en viviendas supervisadas, la gran mayoría de las existentes, estén siendo enviadas a sus casas sin poder acceder al servicio de atención que necesitan o que personas que ya viven en esas viviendas, pero no tengan resuelta la prestación de dependencia, vayan a tener que abandonarla porque ya se les aplique el nuevo tope de la ayuda.

«Creemos que esta decisión impide que las personas con problemas de salud mental puedan recibir los servicios que necesitan y está bloqueando el acceso al sistema de atención, lo que nos parece inaceptable», lamenta.

Por todo ello, exige que se sigan resolviendo prestaciones económicas que permitan cubrir el coste total de las plazas en viviendas supervisadas, más adaptadas a las necesidades de estas personas con un mayor nivel de autonomía, y que las viviendas asistidas, con un mayor número de profesionales, sigan atendiendo perfiles con un requerimiento de apoyos más importante.

Frente a ello, Mercé Martínez i Llopis, directora general de Atención Primaria y Autonomía Personal, replica que «no se han reducido las ayudas en las prestaciones en las viviendas tuteladas, sino que, en las que son de promoción, se ha complementado la parte de prestación de promoción con compatibilidad en los centros de días y con el asistente personal». Por tanto, «pueden tener más de un recurso llegando a 2.350 euros». Por otra parte, agrega, «pueden continuar los que necesitan viviendas tuteladas asistidas con los 2.350 euros», y recuerda que «se han creado también Sasem, que son los servicios que tenemos en Primaria para atender a personas con trastorno mental grave,».

Por tanto, «no se bloquea ningún tipo de acceso, sino que se reordena y se atiende a cada uno de forma individualizada creando vida independiente, que sería la atención centrada en las personas, en los usuarios que tienen trastorno mental grave». «La verdad es que el mercado estaba desorganizado y había viviendas con usuarios con un soporte de pocos profesionales cobrando lo mismo que otras viviendas con usuarios que tenían más ratio y más soporte. Y se ha reordenado para los que tienen poco soporte puedan tenerlo fuera del centro, porque tienen mucha autonomía, y los que necesitan más soporte, que se acrediten para tener ese soporte».

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