Las patronales educativas recurren la orden de Marzà sobre el bono infantil

valencia. Al conseller de Educación, Vicent Marzà, se le acumulan las causas judiciales. Las patronales del sector educativo han abierto ahora un nuevo frente con el anuncio de un recurso sobre la enseñanza infantil.

Feceval-CECE, Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana y Acade han acordado presentar de forma conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el anuncio de un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 a 3 años y contra la resolución que regula esta convocatoria.

Las tres entidades explican su actuación conjunta ante lo que consideran una discriminación por parte del gobierno valenciano. En un comunicado indican que su alianza ante los tribunales se produce «tras romper el Gobierno valenciano la igualdad de trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la educación pública sobre la privada y la concertada».

Las patronales educativas responden así a la normativa sobre el bono infantil aprobada recientemente por la Conselleria de Educación. En ella se incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las escuelas municipales, la apertura de numerosas aulas de dos años en los colegios públicos y la negativa de la administración autonómica. Los recurrentes han decidido denunciar ante el TSJCV lo que consideran una vulneración de los derechos de los centros, las familias y los trabajadores. También destacan la repercusión negativa que las nuevas condiciones tendrán sobre ellos, ya que les sitúa en clara desventaja económica respecto a los centros públicos.

El presidente de Feceval-CECE, Alberto Villanueva, fue claro y rotundo. Acusó a la Conselleria de Educación de no buscar el diálogo. «Estamos ante la ley del más fuerte», destacó. Para Villanueva, se trata de una muestra de la falta «de la más elemental sensibilidad ante un sector que históricamente ha venido desarrollando una extraordinaria labor social en favor de la conciliación familiar». También apuntó que ahora muchos de los trabajadores ven peligrar sus puestos de trabajo.

La secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunitat, Vicenta Rodríguez, destacó que han decidido dar «un paso al frente todos unidos». Rodríguez explicó que no están dispuestos a tolerar que «la cuestión económica sea el factor decisivo en la elección de un centro por parte de los padres». «Con esta norma se rompe el principio de libertad de enseñanza en igualdad de condiciones», apuntó.

Para Rodríguez una vez más se ha evidenciado que la Generalitat Valenciana está en estos momentos «contra los derechos de las familias y los titulares de los centros». La secretaria general de esta organización dejó claro que no están dispuestos a tolerar que «se juegue con el futuro de la educación de los más pequeños». «Podían haber planteado muchas soluciones, pero han elegido la peor de todas», afirmó.

En la misma línea se pronunció Carmen Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV. Justificó el recurso como una forma de «luchar por la supervivencia de un sector que realiza una labor educativa y social altamente profesionalizada».

Según Bardal, «con esta actuación, el gobierno autonómico pone en peligro la viabilidad de una red de más de 500 centros educativos distribuidos por toda la comunidad». Recordó que todos ellos están autorizados por la propia Conselleria de Educación. También recalcó que «se está jugando con los puestos de trabajo en un sector que está altamente feminizado».

La denuncia ante el TSJCV de las patronales educativas se suma a una larga lista de polémicas judiciales en las que se ha visto envuelta la Conselleria y ante las que no ha salido muy bien parada como en el caso del plurilingüismo o de los conciertos.