Los peritos de la aseguradora que tendría que afrontar la indemnización millonaria por las muertes de Alcoi exoneran a los responsables de la residencia

Los doctores Esther Lueje y Manuel Moya ha coincidido con los peritos de la gestora de la residencia, Quavitae, en asegurar que el centro actuó correctamente y siguiendo los protocolos que en cada momento estableció el Ministerio y que la alta mortalidad se debió al perfil de los residentes, dado su «grado de fragilidad, de dependencia y de demencia».

«No me parece asombroso la mortalidad que hubo en esta residencia por el perfil de los residentes,  no tanto por la edad en sí, sino el grado de fragilidad y de demencia que tenían», ha incidido la doctora Lueje.

Coinciden con los peritos Quavitae en que la derivación al hospital no hubiera sido útil porque lo que se podía ofrecer se estaba dando en la residencia. «Por respeto a la persona mayor, era mejor tratarla en la residencia porque estaría mejor tratado y se contaba con mucho apoyo desde el hospital al ser intervenida por la Generalitat. Yo no hubiera derivado a ninguno de esos 18 pacientes».

Al respecto, ambos doctores han reiterado que estos pacientes hubieran muerto igualmente de ser derivados porque cualquier patología aguda les puede desequilibrar y precipitar la muerte, como puede ser una infección o incluso una caída. «La residencia hizo todo lo que en ese momento se requirió para tratar a estos pacientes», han asegurado.

También han incidido en que la residencia administró los tratamientos de acuerdo a lo que estaba indicado en los protocolos en aquel momento. «Se fue modificando el tratamiento a lo largo del tiempo porque no había tratamiento para curar. En abril se supo que la heparina disminuía la mortalidad y en los informes hemos visto que se suministró a algunos pacientes de esta residencia», ha puntualizado el doctor Moya.

Así mismo, coinciden con los peritos de los codemandados en que sectorizar y separar al personal no tenía sentido desde el punto de vista epidemiológico puesto que igualmente se hubiera producido el contagio. «En esos días aún no había prohibición de movilidad y entradas y salidas a las residencias».

«La sectorización sólo se podía hacer con un PCR positivo y en el caso de algún residente no se tuvo hasta el 27 de marzo el resultado», ha recalcado el doctor.

Al respecto, la doctora Lueje, especialista en Geriatría, ha dicho que no tiene conocimiento de que hubiera a finales de febrero ninguna recomendación de sectorizar y aislar por parte del Instituto Carlos III en el caso de los centros sociosanitarios  y que la reorganización que llevó a cabo la residencia a finales de febrero tenía por objeto acceder más fácil al cuidado de los residentes.

«La tendencia actual es crear unidades de convivencia según el grado de dependencia y si con una reorganización se puede ofrecer un buen cuidado por qué no se va hacer», ha indicado la doctora a preguntas de la abogada de los familiares de los residentes de si no hubiera sido mejor contratar a más personal. «La decisión se adopta según se crea pueda ser más eficiente», ha puntualizado el doctor Moya.

El jueves tendrá lugar la última sesión del juicio en la que las partes leerán sus conclusiones y el procedimiento quedará visto para sentencia. Cabe recordar que la parte demandante pide una indemnización de dos millones de euros por la muerte de 15 residentes y de tres que sufrieron lesiones graves, aunque, según han manifestado los demandantes el objetivo último no es el dinero, si no conocer qué pasó en los dos primeros meses de la pandemia para que murieran.