«Muchos perros y gatos pueden morir por la burocracia que nos imponen a los veterinarios»

Esta manifestación partirá desde la Dirección General de Salud Pública, en la avenida de ,a las 18 horas y los convocantes tienen previsto llegar a las 19:30 a la Plaza del Ayuntamiento. Allí proseguirá la protesta y se leerá un manifiesto que centra el malestar de los veterinarios en que las autoridades cuestionan su criterio profesional con esa obligación de seguir las fichas técnicas y los exceso a la hora de restringir el uso de los antibióticos. También resaltan las desproporcionadas burocracia y régimen sancionador. La AEV, cuya reivindicación ya empezó la semana pasada con el cierre de clínicas durante dos horas, cuenta con el respaldo del Colegio de Veterinarios, que se ha adherido a la protesta, igual que otras asociaciones.

«No es una cosa de un día, nos vienen imponiendo limitaciones. Por ejemplo, una tienda puede vender ciertos antiparasitarios y nosotros por ser veterinarios, no. Pero esto ha sido la gota que ha colmado el vaso», señalan fuentes de la AEV (Asociación Empresarial Veterinaria de Valencia). Ese detonante tiene como nombre 'PresVet'. ¿Y qué es el PresVet'? Pues es la herramienta que deben utilizar estos profesionales para dejar registrados todos los medicamentos que aplican a las mascotas, pero con todo lujo de detalles. Esta es una obligación que viene regulada por el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio. «Nosotros entendemos que el sentido de la norma es evitar que se generen resistencias a los antibióticos, pero ese control es algo que los veterinarios hemos hecho sin que nadie nos lo tenga que decir».

En la práctica, y simplificando para que los usuarios puedan entender el problema y cómo les afecta, los veterinarios denuncian limitaciones extremas a la hora de poder aplicar medicamentos y una burocracia que encarecerá sus servicios. «Muchos perros y gatos pueden morir por culpa de esa burocracia. Tenemos una limitación en el uso de los antibióticos hasta el punto de casos en los que sabemos cuál será efectivo, pero debemos pasar una serie de pasos previos. Y otros que no se pueden prescribir sin un cultivo. Eso nos retrasará en cuatro o cinco días, lo que con una septicemia (una infección generalizada del organismo) puede suponer que un animal se nos muera», lamentan.

La tormenta es perfecta: los antibióticos están clasificados por letras, entre la A y la D, y sólo algunos están fichados como de uso veterinario. Este listado son los de la letra D, los que se pueden aplicar en animales. Si el tratamiento no resulta efectivo, se pasa a la C y el uso de un medicamento de grupo B ya requiere un cultivo previo. «Hay pacientes que no tienen tanto tiempo. Pero es que además en casos de septicemia en ocasiones no es tan sencillo obtener una muestra que nos determine claramente qué antibiótico utilizar», señalan. Los del grupo A son ya de uso exclusivamente en seres humanos.

Esto con los antibióticos. Luego hay medicamentos que los veterinarios saben que son efectivos en los animales, pero que no pueden emplearlos. Por ejemplo, con los colirios para los ojos. «Hay productos que son de uso humano que sabemos que funcionan bien, pero no los podemos utilizar. Sólo pedimos poder aplicar el criterio veterinario, que lo han dejado por los suelos», lamentan los profesionales, que destacan las sanciones a las que se exponen en caso de echar mano de estos tratamientos, que en ocasiones serían el instrumento más efectivo para tratar de salvar la vida a un paciente. «Estamos tristes y cabreados. ¿Qué sentido tiene gastarse una pasta en ir a congresos o en libros? No nos están dejando aplicar evidencias científicas», proclama un veterinario consultado por este periódico.

Y después está la vertiente económica. «A eso hay que sumar que tenemos el 21% de IVA, y la salud no puede considerarse un lujo en ningún caso», precisan. En el precio, las cuentas son claras: cada vez que recetan, los veterinarios luego tienen desde la entrada en vigor de la norma un trabajo delante del ordenador de registrar con todo tipo de datos el tratamiento elegido. Esto supondrá un incremento medio por consulta estimado de unos 8 euros. A eso hay que añadir los casos antes mencionados de sólo poder aplicar un antibiótico tras haber realizado un cultivo, cuyo precio oscila entre los 30 y los 100 euros: en algunas patologías esta prueba sería imprescindible pero en otras no resultaría necesaria.