Perros peligrosos en el punto de mira: aumentan los ataques y las denuncias por venta ilegal

Un hombre de 70 años murió el primer día del año atacado por una jauría de perros mientras trabajaba su campo en el municipio castellonense de la Vall d'Uixó. Tan sólo unos días después una mujer fue mordida por unos canes de su propiedad en la localidad alicantina de Dolores. Hace unos días un hombre resultó herido de consideración al ser atacado por varios de estos animales en Castellón mientras estaba en su vivienda.

Son los tres incidentes más relevantes ocurridos en la Comunitat en el primer mes del año. Además, una mujer perdió las dos piernas en Vigo, una niña de tres años fue atacada por un pitbull terrier en Sevilla, dos rottweiler mordieron a un bebé de quince meses y a su abuela en Sopuerta (Vizcaya) y un niño se quedó sin orejas en Madrid tras la agresión de uno de estos animales. Todas estas agresiones se han producido en los tres últimos meses.

Estos ataques han vuelto a poner en el punto de mira a estos animales, que cada vez son más numerosos. En la Comunitat Valenciana hay 43.361 perros considerados potencialmente peligrosos (PPP) inscritos en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (Rivia), cerca del 10% de los animales incluidos en el censo.

Para ser registrado como PPP un animal tiene que cumplir una serie de requisitos. Por un lado, debe pertenecer a algunas de las quince razas incluidas en la normativa autonómica (Decreto 16/2015) o bien ser un perro de cualquier otra y haber protagonizado algún ataque con mordedura. En estas circunstancias se debe comunicar el incidente, y el animal queda registrado como PPP.

La legislación es muy exigente. El decreto por el que se regula en la Comunitat Valenciana la tenencia de PPP impone una serie de condiciones para poseer uno de estos perros. Al margen de los controles veterinarios, sanitarios y administrativos (vacunación o tener un chip, entre otras) que se exigen para tener cualquier animal doméstico, los propietarios deben suscribir un seguro de responsabilidad civil de al menos 120.000 euros por los posibles daños que puedan causar a terceros, lo que implica gastarse entre 70 y 90 euros al año según la poliza que se suscriba.

Además, tienen que conseguir un certificado de aptitud psicológica y obtener una licencia administrativa por parte del ayuntamiento que debe ser renovada cada cinco años. Tampoco pueden ser propietarios de un PPP los que hayan sido condenados por delitos de homicidio, lesiones, libertad sexual y salud pública.

Por otro lado, la legislación exige que el perro potencialmente peligroso debe ir por la calle siempre con bozal y sujeto a una correa de menos de dos metros no extensible.

Las sanciones por el incumplimiento de estos requisitos son muy elevadas. Pueden alcanzar los 15.000 euros en el caso de que sean calificadas como muy graves. Entre estas se encuentran el abandono del animal, el carecer de licencia para su tenencia, venderlo o transmitirlo sin el permiso administrativo o adiestrarlo para aumentar su agresividad.

Pese a las barreras que se imponen a los propietarios, el número de estos perros no ha hecho más que aumentar en los últimos años, tal y como reconocen desde el Colegio de Veterinarios de Valencia. Es el caso de los american staffordshire terrier, que se han incrementado un 600% en la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2017. El crecimiento en los ejemplares de rottweiler ha sido de un 54%, mientras que los american pit bull terrier se han disparado un 548%.

Según los datos del Rivia, los valencianos tienen predilección por los american staffordshire terrier, los staffordshire bull terrier, american pit bull terrier, rottweiler y doberman. Estas razas son las que mayor presencia tienen en el censo que coordina el Colegio de Veterinarios.

Precisamente el Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV) realiza continuas campañas de concienciación para que los propietarios registren sus mascotas. «Cada vez la gente es más responsable e inscribe a los perros», recalca la presidenta de esta entidad y del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris, Inmaculada Ibor.

El problema es que en ocasiones los propietarios de los perros no son conscientes de la responsabilidad que supone tener un animal potencialmente peligroso. Amparo Requena, presidenta de la sección animal del Colegio de Abogados y responsable de Modepran, señala que «se condena a los perros como responsables de un ataque, cuando los culpables son los dueños que no saben educarlos». Para Requena, el propietario tiene unas obligaciones que debe cumplir. En esta línea incide Ibor cuando subraya que «no creo que nadie adquiera un perro de estas características si no es capaz de controlarlo». Y es que considera que cualquiera que compre un can de estas características debe ser responsable y consciente de que estos animales «necesitan una educación adecuada».

«Hay que rascar y estudiar que se esconde detrás de cada ataque y probablemente nos encontraremos con una negligencia del propietario», explica Requena. La presidenta de Modepran señala que «si azuzas a uno de estos perros contra otros lo normal es que se comporte así; o si los tienen en malas condiciones, mal alimentados. no pueden reaccionar como si fuera un animal que recibe cuidados y cariño».

La vigilancia en esta materia corresponde a los ayuntamientos a través de la Policía Local, pero también lo ejerce el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

Ahora bien, la presidenta de Modepran, Amparo Requena, reclama un mayor control de la venta ilegal de animales, especialmente por Internet. «Basta ver los anuncios en la red. ¿Quién vigila la venta de estos animales? ¿Se hace algo para detenerla?», se pregunta Requena. En este sentido, apunta que las policías locales ejercen una vigilancia estricta de los propietarios que pasean con sus perros, pero cuestiona la labor que se realiza sobre el uso de estos animales para peleas o el tráfico de ejemplares.

Además, Requena resalta que muchas veces el control no es tan estricto en las zonas y barrios periféricos de las ciudades, que es donde se concentra el tráfico y la venta ilegal de estos animales.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente señalan que han elaborado un plan de control oficial de núcleos zoológicos de carácter anual. Se actúa también sobre los establecimientos que tienen la obligatoriedad de tener regulada la actividad (residencias caninas, centros de adiestramiento, criaderos y centros de acogida).

La administración autonómica es la responsable del registro de los animales y de regular la normativa, pero todas las actuaciones administrativas (concesión de licencias, controles, expedientes sancionadores) corresponden a las autoridades municipales.