Las peticiones de protección por maltrato se disparan con más de 18.000 en cinco años

Nunca antes en la Comunitat Valenciana tantas mujeres habían pedido auxilio a la Justicia por el asedio de la violencia machista. Las órdenes de protección están hoy en el centro de la polémica tras el crimen de las niñas de Castellón cuya madre pidió un alejamiento, Son, en la mayoría de los casos, una esperanza para aquellas que se ven abocadas a denunciar casos de malos tratos o agresiones sexuales. Para quienes viven con el yugo de una amenaza de muerte o un «vas a perder a tus hijos» que inunda de angustia la existencia de una mujer.

Por estos y otros muchos motivos, más de 18.000 mujeres han acudido en los últimos cinco años a los juzgados de la Comunitat con la misma súplica: que este maltratador no se acerque a mi casa, que no me mande más mensajes amenazantes, que no me lo cruce por la calle o que no pase ni un día más con los niños porque están en peligro. Las cifras proceden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y son sólo las solicitudes de las víctimas. Si sumamos las que presentan los fiscales, se inician de oficio o llegan a los juzgados de alguna otra persona ajena a la afectada el número es aún mayor y se eleva casi a 21.000.

Sólo el primer trimestre de este año, un millar de mujeres pidieron protección por violencia machista en los juzgados valencianos. Una media de once mujeres al día lanza su grito de auxilio al sentirse amenazadas por un maltratador en nuestra región.

Y la tendencia es, significativamente, al alza. El año pasado acabó con casi 4.700 solicitudes de protección incoadas ante los órganos judiciales valencianos. De ellas, la inmensa mayoría fue pedida por las propias víctimas: 4.300. El resto las solicitaron agentes externos. Estas cifras son las más elevadas, al menos en el último lustro, en tierras valencianas. Y son casi el doble de solicitudes respecto a 2016, de acuerdo con las estadísticas del poder judicial. Esto demuestra de manera muy clara la creciente importancia que las órdenes de protección tienen para las víctimas de malos tratos a la hora de encarar su problema en los tribunales.

La cuestión clave: ¿Cómo responden los jueces valencianos a estas solicitudes tan cruciales? Si nos fijamos en los últimos datos, los del primer trimestre del año en curso, la respuesta es evidente: de manera rotundamente positiva. De las 1.113 peticiones que hicieron mujeres, fiscales o jueces de oficio, sólo 8 fueron inadmitidas. El resto fueron analizadas por los jueces para estimar o no su conveniencia. Y finalmente 916 fueron adoptadas y sólo 189, denegadas. En términos porcentuales, aproximadamente ocho de cada diez órdenes de solicitud acaban concediéndose.

A nivel territorial, la Comunitat es la cuarta región de España en las que más maltratadas demandan la protección de la Justicia. Sólo en Andalucía, Cataluña y Madrid hubo un número superior de solicitudes en el primer trimestre. Entre enero y marzo, los juzgados valencianos recibieron 5.300 denuncias de malos tratos, tanto de las víctimas como de otros agentes. Esto supone que aproximadamente una de cada cinco mujeres que ponen su sufrimiento en manos de la Justicia necesitan algún tipo de protección. Es decir, se sienten seriamente amenazadas.

El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, pidió ayer un voto de confianza en los jueces: «O hay máquinas expendedoras de órdenes de protección y autos de prisión o dejamos que los profesionales decidan, asumiendo responsabilidades y riesgos de equivocación», expuso ayer a EFE.

Según Marco, «se deniegan órdenes de protección, pero muchísimas otras se conceden». Las estadísticas del Poder Judicial ratifican su afirmación. Ante las recientes muertes de víctimas que habían solicitado, directa o indirectamente, el auxilio de los jueces, Marco lanzó esta reflexión: «Lo que nadie tiene es una bolita mágica» y a veces «es fácil criticar y censurar a posteriori». Si bien el magistrado matizó que, «evidentemente, cuando alguien muere, algo falla».

La presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, también ha lamentado los últimos asesinatos machistas. Pero coincide con Marco. «No tenemos una bola de cristal y no podemos saber qué le va a ocurrir a una víctima».

Susana Gisbert es portavoz de la Fiscalía de Valencia y está especializada en violencia de género. Desde su punto de vista, «las decisiones que tomamos jueces y fiscales, se basan en indicios de un delito. Sólo por impresiones o sensaciones de una víctima no basta». Es el habitual conflicto entre la urgente defensa de las víctimas y la presunción de inocencia del sospechoso. O la proporcionalidad de las medidas. Además, en manos de jueces y fiscales está la costosa labor de discernir qué denuncias y solicitudes de protección responden a casos realmente peligrosos y esas pocas otras que se deben a maniobras malintencionadas entre parejas enfrentadas.

«Podemos equivocarnos, pero un miedo sin pruebas o antecedentes no puede sustentar una orden de alejamiento», desgrana Gisbert. Ya en el contexto de la instrucción de una causa, «si la única prueba es el testimonio de una víctima y pide el archivo, entonces no se puede hacer más». De ahí la importancia de seguir adelante durante la instrucción tras el paso de la denuncia.