El TSJ lleva a la fiscalía siete denuncias contra Barceló y Puig por la gestión del Covid

Los jueces tendrán que dilucidar si la gestión desarrollada por los máximos responsables de la Generalitat, de la delegación del Gobierno en la Comunitat y del Ayuntamiento de Valencia fue la correcta o sus dirigentes incurrieron en algún tipo de delito por no dotar al personal sanitario del suficiente material de protección. Y para avanzar en el proceso, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre las cuatro querellas y tres denuncias interpuestas durante el estado de alarma contra, entre otros, el presidente del Consell, Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló y hasta el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Entre las demandas destacan las interpuestas por los sindicatos CSIF y CESM-CV, el Colegio de Enfermeros de Castellón o la Plataforma de Afectados por el Coronavirus-Covid-19 en la Comunitat al entender que, al menos en las primeras semanas de la pandemia, las Administraciones públicas, especialmente la Conselleria de Sanidad, no proporcionaron las mascarillas, guantes o equipos de protección individual adecuados a médicos, enfermeros y demás personal sanitario.

El TSJ, en la diligencia trasladada al ministerio público, reclama que la fiscalía emita un informe a efectos de lo que establece el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, que valore si los hechos que se imputan constituyen un delito, si este tribunal es competente para instruir el proceso y si es posible acumular todas las causas.

Son varias las denuncias que han impulsado el proceso. Por un lado, la formulada por el sindicato CSIF contra la Conselleria de Sanidad por la falta de material de protección para el personal sanitario. Sin embargo, el juzgado de instrucción que llevaba el caso emitió un auto en el que se acordaba la remisión del caso al TSJ al implicar la demanda a un aforado, en este caso la consellera de Sanidad, Ana Barceló. La falta de este material de protección, apuntaron desde la formación, podría ser constitutivo de un delito de prevaricación por omisión, de otro continuado contra los derechos de los trabajadores y por lesiones y homicidios por los contagios y enfermedades contraídas por los sanitarios durante estos meses a consecuencia del Covid-19.

En esta línea, el Sindicato Médico CESM-CV también interpuso a finales de mayo una querella contra Barceló y otros cinco altos cargos de la Conselleria de Sanidad: Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público; Amparo García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria; Ofelia Gimeno, directora general de Salud Pública y Adicciones; David Fernández, subsecretario de la Conselleria; y Carmen López Delgado, directora general de Recursos Humanos de la Conselleria. El motivo, según la formación, fue «haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia provocada por la Covid-19», por lo que CESM-CV apunta a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Pero las quejas no sólo han sido promovidas por los sindicatos. La familia de un médico del SAMU fallecido tras contagiarse de coronavirus, por un lado, presentó una querella contra Barceló y otros gestores del departamento por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores también por la falta de material de protección. Por otro, impulsó la creación de la Plataforma de Afectados por el Coronavirus-Covid-19 en la Comunitat presidida, precisamente, por Enriqueta Cuchillo, viuda del facultativo fallecido. En esta línea, el Colegio de Enfermeros de Castellón denunció a la consellera por «insuficiencia» de equipos de protección individual para los profesionales, mientras que el resto de denuncias son de abogados de particulares.