Las huelgas provocan que haya 340.000 casos pendientes en la Justicia valenciana

Durante este año se han producido varios conflictos laborales en el seno de la justicia. El más destacado fue el de los letrados de la administración de justicia con unos paros que se prolongaron durante casi tres meses. Por su lado, los funcionarios de Justicia abrieron un conflicto en mayo que se mantuvo hasta julio. Finalmente, los jueces estuvieron a punto de organizar su propia huelga que se desconvocó en el último momento.

Pilar De la Oliva se ha mostrado, por otro lado, preocupada por la falta de medios, especialmente en el ámbito de lo social. Ha alertado de que los «tiempos de respuesta son cada vez más largos, inconcebibles para los ciudadanos». En esta línea, ha destacado los datos globales de 2022 superan los 760.000 asuntos ingresados y ya superan en casi 60.000 los registros previos a la pandemia.

La presidenta del TSJ valenciano ha dado unas pinceladas más sobre el estado de la Justicia en la Comunitat Valenciana. Así, ha detallado que sólo en el primer trimestre de este año han entrado más de 180.000 nuevos asuntos en los juzgados. Esta cifra supone un "descenso puntual" del 0,5% respecto al año anterior salvo en la jurisdicción social donde se ha producido un incremento del 16,5%. "Necesitamos jueces en la jurisdicción social que celebren vistas y dicten sentencias", ha puntualizado.

Se ha referido a esta jurisdicción, la de lo Social del TSJ, para indicar que ahora mismo hay dos plazas vacantes que no han quedado cubiertas en los últimos concursos de traslado.

En lo que se refiere a las salas de lo Civil y Penal del tribunal estas han experimentado "un aumento exponencial" en el número de apelaciones. De las 70 registradas en 2017 se han pasado a 370 en 2022.

Por todo ello, la presidenta del TSJ valenciano ha señalado que se "hace imprescindible que la creación de nuevas plazas de magistrados para la sala no se demore por más tiempo". En este sentido, ha pedido "más unidades" judiciales y ha urgido a un cambio en el modelo organizativo porque considera que está "agotado". "La sociedad del siglo XXI exige de nosotros una respuesta más ágil", ha apuntado.

También ha alertado del incremento de las denuncias por violencia de género -un 17% más en la Comunitat en el primer trimestre de año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior-. "La cifra de víctimas mortales de esta lacra que nos envilece como sociedad, se antoja insoportable. Este año hemos tenido que lamentar las muertes de Anne Marie, Ilhan, Raquel, Suzan y Nicola en Orihuela, Antella, Alzira y Castellón. Esas muertes han dejado menores huérfanos y marcados de por vida", ha subrayado.

"La rotundidad de estos datos nos pone delante de una realidad incuestionable. Las medidas represivas, las soluciones penales, no son suficientes. Hay que intervenir también desde otros ámbitos, sobre todo el de la educación y la concienciación social. Todos los que estamos involucrados en esta lucha sin cuartel debemos redoblar los esfuerzos para darle la vuelta a las cifras y conseguir un registro cero", ha reclamado.

Parte de su discurso ha sido una llamada para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha considerado que esta crisis institucional no afecta sólo al funcionamiento ordinario de los juzgados sino que "también está deteriorando su imagen ante la ciudadanía, la percepción de su independencia y debilita por ende al propio Estado de Derecho".

Por todo ello, ha pedido un Pacto de Estado para las reformas que son necesarias acometer "que nos permitan dar el salto y afrontar con confianza los retos de futuro".

De la Oliva se ha referido a la inteligencia artificial y ha señalado que "bien utilizada y regulada, puede convertirse en una valiosa aliada en la gestión de los procedimientos judiciales". "Y hay experiencias que ya lo demuestran. Solo en 2021, gracias a esta herramienta, se cancelaron de oficio 242.000 antecedentes penales en toda España, lo que benefició a 230.000 justiciables y ahorró 7.000 horas de trabajo de funcionarios, según datos del Ministerio de Justicia".

Igualmente, se está avanzando en iniciativas que cuentan con la inteligencia artificial para la clasificación automática de documentos, la anonimización de resoluciones, la textualización de vistas, las subastas, las notificaciones electrónicas o el cálculo para la acumulación de condenas, ha puesto como ejemplos.

Por su lado, la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert, ha destacado que un «motivo de preocupación» es el aumento en las tres provincias de la Comunitat de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales. «Pero mucho más preocupante aún es el claro incremento de estos delitos cuando son cometidos por menores de edad», ha dicho. «Donde más han aumentado y mas preocupa son los cometidos por menores de 14 años que no pueden ser juzgados». Y ha puesto como ejemplo que en Alicante se han llegado a archivar 451 diligencias preliminares por haberse cometido los hechos por menores de 14.

Gisbert ha añadido que de los 142 delitos de abuso sexual cometidos, 47 lo fueron por menores de 14 años, 64 por menores entre los 14 y los 16 y 31 por menores de 16 y 17 años. "Es decir que se cometieron más delitos de abuso sexual por menores de 14 años que de 16 y 17 años", ha detallado la fiscal superior.

Además, ha destacado que se trata de una tendencia presente en todo el Estado español. Según ha resaltado se ha producido un incremento de los delitos de menores del 45,8% respecto al año anterior. "Esta tónica ascendente es constante en los últimos años y se cifra en un 116% desde 2017", ha indicado Gisbert.

Ha añadido que las causas son complejas pero ha incidido que los fiscales apuntan a una confluencia de factores entre los que destacan la carencia de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso precoz a material pornográfico que conduce a una trivialización de las conductas violentas "y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas".

La fiscal superior ha detallado que la sección de menores de las fiscalías provinciales abrieron en 2022 un total de 8.300 diligencias preliminares, se abrieron 3.842 expedientes en los Juzgados de Menores y las tres fiscalías aperturaron 2.519 expedientes de protección de menores.

También ha destacado que respecto a violencia doméstica, las diligencias también han aumentado en las tres provincias de la Comunitat y, por otro lado, se han abierto 2.122 diligencias preprocesales en 2022 en las fiscalías de la Comunitat por asuntos relacionados con discapacidad y atención a mayores. Además, el pasado año se aperturaron 105 diligencias por delitos de odio frente a los 71 del ejercicio anterior.

Teresa Gisbert, además, se ha referido a la violencia de género y ha recordado algunos datos como las 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2022 y a las 49 en 2023. En la Comunitat, en 2022 fueron asesinadas dos mujeres, se acordaron 893 órdenes de alejamiento y se dictaron más de 2.000 órdenes de protección. Ante estos datos, Gisbert ha reclamado una "prioritaria" y "multidisciplinar" atención a las mujeres víctimas y ha subrayado el trabajo de las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito. "Su actividad es excelente", ha apostillado.

Respecto a la dispensa de la obligación de declarar, la fiscal superior ha destacado que la reforma sobre este aspecto "no ha tenido el impacto esperado y deseado, debido principalmente a las muchas veces deficiente información en la fase de instrucción sobre el nuevo contenido específico del derecho de dispensa".

En cualquier caso, Gisbert ha apostado por una asistencia a las mujeres "adecuada, multidisciplinar y completa" con la suficiente información para que se sientan seguras para denunciar.

Por su lado, la secretaria de gobierno, Gloria Herráez, en su intervención ha reiterado que la Justicia valenciana "necesita salir de los puestos de cola en materia tecnológica" y ha urgido a superar la brecha digital y de acabar "de una vez por todas con la desigualdad que sufre nuestro territorio respecto de muchos otros en el acceso, uso e impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación". En su opinión, con ello se conseguiría aumentar la productividad de los juzgados y tribunales de la Comunitat.