El plan de Puig contra los accidentes de ciclistas cumple un año sin avances

El Libro Blanco para la Protección de las Personas Usuarias de Bicicleta que presentó el presidente de la Generalitat en agosto de 2017 cumple ahora un año sin avances significativos. El plan, anunciado tras el accidente provocado por una conducta ebria y drogada que acabó con la vida de tres personas en Oliva, nació cojo: sin presupuesto, sin medidas concretas (o con medidas de las que se encarga la DGT) y dividido entre tres consellerias distintas.

No ha habido ningún avance desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentó el plan hace ahora un año. El libro blanco, como se llamó, contemplaba decenas de medidas como ampliación de radares, más reconocimientos a personas mayores, 100 kilómetros de itinerarios para ciclistas en la región o colaborar con la DGT en la identificación de los tramos con mayor riesgo para aficionados.

Sin embargo, nada de esto se ha hecho. Lo más significativo ha sido el trazado de esos itinerarios ciclistas en el área metropolitana de Valencia como parte del plan de movilidad de la zona. La propuesta plantea, dentro del Plan Básico de Movilidad, que las redes ciclistas proyectadas por la Generalitat Valenciana y Diputación a nivel metropolitano se ejecuten hasta su pleno desarrollo, completando y extendiendo la actual infraestructura ciclista de los 342 kilómetros actuales (incluyendo Valencia 533) hasta los 516 (incluyendo Valencia 707), un aumento en 174 kilómetros ya planificados. El documento, en cualquier caso, presenta algunas actuaciones que ya están en marcha en el plan director de seguridad vial y, por tanto, no suponen una novedad, como confirmó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando el año pasado se presentó el libro.

En ese mismo documento, se acordó que Obras Públicas «colaborará con la DGT en la identificación de tramos para que se intensifique la vigilancia de velocidad y consumo de alcohol y drogas». Este diario solicitó ayer información sobre estas medidas llevadas a cabo por Obras Públicas sin recibir respuesta. Al mismo tiempo, el libro implica a la Policía de la Generalitat en la detección de conductas temerarias. Y se plantea, igualmente, la necesidad de controlar los lugares y locales de ocio próximos a carreteras frecuentadas por ciclistas, así como los horarios de cierre, una competencia vinculada a la Agencia de Seguridad y Emergencias.

Por su parte, la Conselleria de Educación deberá difundir materiales didácticos a través de su web, subvencionar proyectos de investigación e innovación educativa y promover el respeto a ciclistas y a las normas de seguridad en los programas de educación vial para escolares. En cualquier caso, el proyecto nació sin presupuesto fijo porque, tal como reconoció el subdirector de la Agencia de Emergencias el pasado mes de agosto, varios de los proyectos ya estaban en marcha y otros no dependían directamente de la Generalitat sino de las Diputaciones. «Vamos a trabajar en las medidas. No hay un análisis presupuestario porque algunas están en marcha y afectan a administraciones locales, diputaciones...», dijo el subdirector Jorge Suárez.

Mientras, esta inacción parece pasar factura en las carreteras valencianas. Hasta la fecha han muerto en la Comunitat 9 ciclistas atropellados, mientras que en todo el año pasado fallecieron 11 personas, según datos de la DGT: cuatro en Alicante y Castellón y tres en Valencia. La preocupación ha llevado a que una iniciativa popular que pretende endurecer las penas para los conductores que matan a un ciclista en la carretera llegue al Congreso e, incluso, a la mesa de la mismísima ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se comprometió el lunes a buscar el consenso necesario entre los partidos políticos para llevar a cabo una reforma del Código Penal que endurezca los homicidios por imprudencia y la omisión de socorro en los accidentes de tráfico. La iniciativa se llama «Por una ley justa» y la encabeza Anna González, una mujer que perdió a su marido atropellado por un camión que se dio a la fuga en Toledo en 2013.

Tras la reunión, González subrayó que la titular de Justicia acogió «muy bien» la causa y comprometió a ayudar, si bien apuntó que no hay un compromiso «serio con fechas», ya que, según les dijo la ministra, «hay que hacerlo bien, sin prisa y buscando el consenso con todos los partidos». La líder de la iniciativa le pidió a la ministra la mayor celeridad posible para acometer dicha reforma, ya que «se pierde el tiempo» y cada vez hay «más víctimas desprotegidas».

El último fallecido se registró a finales de julio. Se trató de un ciclista de 85 años que murió en el término municipal de Moncada. A esta larga lista víctimas se une el fallecimiento el pasado 9 de julio de un hombre de 40 años cuando circulaba con su hijo por el arcén de la CV-799 en Villena. El conductor del vehículo dio positivo en el control de alcoholemia. El 16 de julio otro ciclista falleció al caer de la bicicleta en Dénia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. El 23 de junio murieron dos ciclistas más, uno en Elche y otro en Alcossebre.

La estadística de la Dirección General de Tráfico (DGT) señala que durante el año pasado fallecieron 1.830 personas en accidentes de tráfico en la red viaria, 78 de los cuales circulaban en una bicicleta. Según datos recogidos por la Agencia Efe, desde que comenzó el verano se han registrado ocho fallecimientos de ciclistas en diferentes puntos de la red viaria nacional, nueve de ellos en las carreteras valencianas según los mismos datos.