Los planes contra el absentismo escolar no evitan que casi 7.000 alumnos falten a clase

Combatir el absentismo escolar se ha convertido en una cuestión prioritaria para la Conselleria de Educación. En los últimos cursos se ha insistido a los centros sobre la importancia de prestar especial atención al seguimiento de las faltas no justificadas, y se ha adaptado el programa de gestión que utilizan las escuelas -Ítaca- para facilitar el control.

El siguiente paso es un protocolo para reforzar la prevención y la intervención en relación al alumnado absentista, así como mejorar la coordinación con los ayuntamientos, que al fin y al cabo asumen las competencias sobre la materia. La idea es que cualquier escuela pública o concertada disponga de apoyos a nivel municipal cuando se le presente un caso. En la actualidad, pese a que la inmensa mayoría incluye en su proyecto educativo medidas preventivas, el problema afecta a cerca de 7.000 alumnos al año en la Comunitat, según la información que maneja el departamento.

Desde la conselleria explicaron que el informe correspondiente al curso 2018-2019 está en la última fase de elaboración, por lo que las últimas cifras disponibles se refieren al ejercicio anterior. La tasa de absentismo se situó en el 1,3% en los niveles de Primaria, ESO y FP (los que se corresponden con la enseñanza obligatoria), lo que implica, en base a la matrícula total (511.230 estudiantes), que 6.646 faltaron a clase de manera reiterada y sin causa justificada. Aunque es cierto que el volumen de alumnado afectado es pequeño, no se puede olvidar que su escolarización es un deber legal, por no hablar de las consecuencias que tiene entre los afectados: falta de socialización, riesgo de exclusión social -muchas veces va a aparejado a situaciones complicadas de historia familiar- o problemas derivados del déficit de formación, desde desmotivación hasta abandono prematuro.

El nuevo protocolo define el absentismo como «la falta de asistencia no justificada, ocasional, frecuente o total, de un alumno (...), sea por voluntad propia o de la familia y sus representantes legales». El matiz es importante: no sólo hace referencia a saltarse clases, sino que incide en la responsabilidad paternofilial.

Los centros deberán de tomar medidas cuando un estudiante acumule entre un 15% y un 25% de faltas no justificadas en un mes. En principio en estos casos se actuará en la propia escuela, aplicando las medidas previstas en el proyecto educativo. Además de analizar las causas que provocan el absentismo se tiene que citar al alumno y a los padres.

Respecto a estos últimos, se establecerá un compromiso con el tutor para recoger las actuaciones a realizar. La medida se deriva del nuevo reglamento de organización de los centros, que prevé a partir del próximo curso la firma de un acuerdo por escrito donde los progenitores garanticen su participación activa en aquellas medidas que ayuden a la formación de sus hijos.

Cuanto las faltas oscilen entre el 25% y el 50% se considerará absentismo grave, y si supera la mitad de las sesiones de un mes será crónico. En ambos actuarán los servicios municipales. Los casos se comunicarán al consejo escolar de la localidad para que intervenga de acuerdo con los planes locales y en coordinación con el centro. Si aún así no se resuelve la situación, se considerará una vulneración muy grave del derecho a la educación y se comunicará a la Fiscalía de Menores para que evalúe si existe desprotección.

Desde Educación explicaron que en el último curso analizado el 90% de los centros realizaron actuaciones contra el absentismo, pero sólo el 79,4% de estos tenía a su disposición planes municipales. «El objetivo del protocolo es que todos los que aplican medidas cuenten con el apoyo de planes de zona elaborados por los ayuntamientos», dijeron.

El Ayuntamiento de Valencia dispone de un equipo conformado por trece profesionales que atendió, en el último ejercicio cerrado, a 985 alumnos con problemas de absentismo, tal y como explican fuentes de la Concejalía de Educación. De estos, 269 expedientes se incorporaron durante el mismo ejercicio, un incremento que se debe tanto a la nueva organización por áreas establecida desde los servicios técnicos del departamento como al aumento presupuestario del programa, que ha pasado de 60.000 a 300.000 euros en los últimos dos años. La zona con mayor número de alumnos atendidos es Algirós (236), seguida de Ruzafa (206) y Campanar (138).

En cuanto a los profesionales, conforman el equipo siete educadores sociales, cuatro reintegradores sociales, un psicólogo y un pedagogo. Las dos primeras categorías intervienen en las primeras fases de actuación. «Se trata de un trabajo comunitario en el que se actúa desde diferentes ámbitos, además de la escuela: asociaciones de vecinos, entidades sociales, servicio de juventud o policía local», explican las mismas fuentes.

Las medidas, que se comunican a la familia y se llevan a cabo con la colaboración del orientador del centro, se adaptan a las necesidades del alumno. Existe el servicio de acompañamiento a la escuela -una manera de fomentar la asistencia- o apoyos de tipo social o sanitario. «Si las medidas no dan resultado se pasa a una nueva fase en la que intervienen directamente los técnicos de la concejalía, citando a la familia y evaluando qué nuevas medidas se pueden adoptar», añaden. En el peor de los casos se produce la comunicación a la Fiscalía.