Los planes de los ayuntamientos ante el boom turístico

La Comunitat Valenciana cuenta con 105.000 viviendas turísticas, una cifra que supera con creces la de inmuebles de uso habitual. Esta proliferación, sobre todo en los últimos años, de los arrendamientos vacacionales está generando problemas en algunas ciudades por la reducción de la oferta de pisos convencionales y el incremento de su precio.

Esto ha llevado a los Ayuntamientos a tomar medidas para frenar este aumento desmesurado. Cada localidad opta por unas iniciativas concretas al tratarse de un negocio legal, en caso de cumplir con todos los requisitos y estar inscritos en el registro autonómico, para intentar controlar el crecimiento y que sea sostenible.

Cullera ha sido la última en anunciar un cambio en su ordenanza para incluir este nuevo panorama. Se trata de una gravar estas viviendas con un incremento de la tasa de residuos. Hasta ahora, estos alquileres vacacionales tributaban como vivienda de uso residencial y no como una actividad hotelera pese a que cuentan con clientes.

Así, Cullera aplicará una tasa diferenciada respecto a las viviendas destinadas a un uso habitual familiar en las que no se ejerce ninguna actividad económica y de las que no se obtiene rendimiento económico.

Además, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha añadido que este impuesto también se impondrá a las viviendas ilegales que se inspeccionen con la entrada en vigor de la nueva ley autonómica. «Cualquier vivienda turística que se esté alquilando de manera irregular en nuestro término verá como se impone una sanción de hasta 600. 000 euros y también la tasa de residuos con efecto retroactivo por no haberse inscrito y no dado de alta de la vivienda como establece la ley», ha señalado Mayor que ha recordado al Consell que para que los municipios tengan la competencia controladora en este tema tienen que contar también con recursos.

La ciudad de la Ribera Baixa es una de las primera en la Comunitat en aplicar este aumento en un impuesto a este tipo de negocios. Una medida que por ahora no se plantean otros destinos turísticos de la región. Sin embargo, son muchos los municipios que están evaluando la situación con respecto a las viviendas turísticas para poner en marcha otras estrategias.

En Calp una quinta parte de los inmuebles son turísticos, en concreto 5.617 de los 26.000 totales. Esta ciudad alicantina ha constituido una mesa de trabajo para decidir sobre estos alquileres. Por ahora no hay ningún plan concreto pero ya se suspendieron las licencias de locales comerciales para convertirlos en viviendas.

Valencia o Dénia son otras de las ciudades que han optado por suspender licencias de inmuebles turísticos. En la capital se ha decidido no conceder nuevas licencias para apartamentos turísticos en la ciudad en bloques de edificios residenciales, una medida que no se pretende aplicar si se trata de bloques enteros de edificios.

En el caso de Dénia la suspensión cautelar de la concesión de certificados para ese tipo de pisos afectará sólo al casco urbano. Esta moratoria estará vigente durante un año, prorrogable, y no afectará a otros puntos del término municipal, como Les Marines, Les Rotes o el Montgó. Durante ese año, el Ayuntamiento analizará el estudio elaborado por la Universidad de Alicante sobre la situación del sector y evaluar la batería de propuestas que sugiere.

A este listado se ha unido recientemente l'Alfàs del Pi donde el Ayuntamiento ha decidido en su última sesión plenaria ordinaria de agosto, suspender la tramitación de nuevas licencias para viviendas de uso turístico durante dos años, e iniciar la elaboración de una ordenanza para su regularización. Con la nueva ordenanza reguladora de viviendas de uso turístico se pretende garantizar que las viviendas destinadas a tal fin cumplan con una serie de garantías y condiciones mínimas, que permitan su correcta utilización como ubicación, servicios de la zona, así como su integración y convivencia vecinal.

Otras localidades turísticas de la Comunitat todavía no han puesto en marcha ninguna medida sobre los pisos turísticos. En Gandia y en Peñíscola no se plantean imponer nuevas tasas y en la capital de la Safor se señala que por el momento no existe una masificación ni malestar por este tipo de viviendas.

En Peñíscola, por su parte, cuando acabe la temporada alta a finales de septiembre los representantes municipales junto a miembros del sector turístico se reunirán para evaluar la situación. Y es que uno de los problemas que surge es que serán las localidades las que tengan que realizar la inspección de las viviendas de alquiler irregulares que están operando en cada uno de sus términos. Así Peñíscola analizará su capacidad para realizar este control en una ciudad donde hay más de 3.400 viviendas turísticas legales.

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