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Ignacio Grande y Fani Raga, durante la presentación del balance de Cáritas Diocesana de Valencia, y a un lado monseñor Arturo Ros. LP

«No nos podemos dejar a nadie atrás»

Cáritas reivindica que se incluya a inmigrantes irregulares en el ingreso mínimo vital | La institución de la Diócesis de Valencia invierte más de 1,3 millones para ayudar a 11.528 familias durante la crisis del Covid

R. González

Valencia

Martes, 16 de junio 2020, 23:49

Los estragos que está provocando la crisis en la economía de las familias está dejando mella. Durante el estado de alarma 11.528 han tenido que recurrir a Cáritas Diocesana de Valencia y a sus Cáritas Parroquiales para poder salir adelante. Esta institución presentó ayer su memoria del pasado año y las actividades realizadas desde mediados de marzo. Un acto en que salió a relucir la importancia del ingreso mínimo vital y la necesidad de ampliar su alcance. «No nos podemos dejar a nadie atrás», reclamó la secretaria general, Fani Raga.

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Para esta institución esa percepción es «necesaria» y debería llegar a más personas que atraviesan momentos complicados y son vulnerables. Raga lamentó que el decreto del Gobierno no incluya a colectivos como los las personas que están en «situación administrativa irregular«. Por eso reivindicó que se les incorpore.

En ese sentido, apuntó que esperan que esa carencia se pueda corregir más adelante y se les incorpore como candidatos a optar a esa ayuda.

En referencia al balance, Cáritas Diocesana de Valencia invirtió el pasado año 4,7 millones para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y atendió a 19.555 familias. Una fragilidad de la sociedad que ha quedado más patente durante el estado de alarma. Desde mediados de marzo hasta que acabó mayo, destinó más de 1,3 millones de euros.

Estos son algunos de los datos que se desvelaron en la presentación, en la que participaron, además de la secretaria general, el director de Cáritas Valencia, Ignacio Grande, y el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros. En esa comparecencia, Raga detalló que la tasa de pobreza y exclusión en la Comunitat Valenciana se encuentra por encima de la media española. Según el indicador Arope, es del 30,2%, cuatro puntos más que la nacional.

En cuanto a la evolución del número de personas atendidas, quedó patente algo que les inquieta y es que la «cronicidad» se ha estabilizado y que las familias no consiguen salir de la vulnerabilidad. Los perfiles de los que recurren a Cáritas han variado poco entre el pasado año y este, alrededor de un 60% son extranjeros. La secretaria general subrayó que les preocupa especialmente los que se encuentran en situación irregular por ese es «uno de los factores de exclusión«. Además, el incremento de personas nuevas se situó en ambos casos en el 32%. Y las peticiones que les trasladaban estaban relacionadas con necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y el empleo.

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Antes de la crisis sanitaria, el perfil de los atendidos se centraba en mujeres solas con hijos, parejas jóvenes con hijos, personas mayores de 65 años solas e inmigrantes irregulares. Ahora, a esas tipologías se les han unido las personas que han perdido su trabajo o están en un ERTE y también las que se han quedado sin «su empleo informal», como caso de la venta ambulante o el empleo sumergido.

Otras cifras que salieron a relucir son las 199 personas que se alojan en sus 38 viviendas o los 189 sintecho que acuden al Centre de Nit. En la vertiente del empleo, han desarrollado 140 acciones formativas y han ayudado en 1.218 inserciones laborales.

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Por su parte, Ignacio Grande incidió en los retos que se plantean. Entre ellos remarcó la importancia de consolidar la garantía de rentas mínimas. El director de Cáritas Valencia incidió en la importancia de reforzar Servicios Sociales para dar una respuesta ágil a las solicitudes de ayuda para que «no haya esperas ni colapsos«. También se centró en la necesidad de que se reactive la economía local para que se creen puestos de trabajo. Según recalcó, un empleo digno no es privilegio, sino «un derecho».

Y el empeño «más ilusionante», añadió, es fomentar la creación de espacios de convivencia y buena vecindad. Al respecto, Grande agradeció al pueblo valenciano su «generosidad en estos momentos tan complejos» en los que el confinamiento «ha despertado la solidaridad» de la gente.

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Monseñor Ros aprovechó para dar las gracias a todos los miembros de Cáritas por su trabajo «admirable y sacrificado» y con el que esta institución trata de devolver la esperanza a los más vulnerables. También que estos días la Iglesia había sido como un hospital de campaña, «acompañando y curando heridas» en la medida de sus posibilidades.

Ribó insiste en la «incerteza» del Ayuntamiento ante la gestión de la renta

La tramitación del ingreso mínimo vital general incertidumbre al alcalde de Valencia. Joan Ribó insistió ayer en la «incerteza» del Ayuntamiento ante la gestión de esta renta, después de que este lunes reclamara al Gobierno central recursos económicos, informáticos y de personal. Unos medios que considera necesarios para hacer frente desde los consistorios a «la oleada de miles y miles de personas» que se prevé que se dirijan a estas administraciones para solicitar esa ayuda.

De este modo se pronunció el primer edil cuando le preguntaron si se había detectado un mayor número de personas en los centros y dependencias municipales para pedir el ingreso mínimo vital o para informarse al respecto.

Además, recordó que el lunes tenía previsto reunirse por videoconferencia con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y con alcaldes de otras ciudades. Pero al final se pospuso ese encuentro, en el que iba a trasladarle las reivindicaciones relativas a ese ingreso mínimo vital. El alcalde señaló que entre las cuestiones que se deben abordar respecto a esta nueva prestación está también «ver cómo se sincroniza, cómo se articula, con la renta valenciana» de inclusión.

«Borradores»

Respecto al nuevo ingreso, Ribó también comentó que «hay algunos borradores de convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el ministerio», pero hizo hincapié en que «hasta el momento» se trata de «borradores» que «no se han aprobado». «El grado de incerteza es muy alto», insistió.

El primer edil realizó estas declaraciones en la comparecencia de ayer junto a la concejal de Servicios Sociales, Isabel Lozano, para hacer balance de las actuaciones de este departamento ante la pandemia. Lozano señaló que «ahora, de momento» se está «en fase de información y asesoramiento» sobre esta nueva prestación y detalló que a las personas que recurren al consistorio se les remite al «teléfono del Instituto Nacional de la Seguridad Social o su web».

También recalcó que esta ayuda no depende del consistorio, sino «de la Seguridad Social, como puede ser una prestación de desempleo o una pensión». «Los Servicios Sociales no podemos tramitar una prestación que no es competencia nuestra», dijo.

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