La Policía desaloja otra fiesta de estudiantes en el Galileo Galilei

La Policía desalojó la madrugada de ayer una multitudinaria reunión en el Colegio Mayor Galileo Galilei después de recibir una llamada de aviso de uno de los vigilantes del centro sobre las 0.45 horas. Los agentes municipales hablan de una aglomeración de 200 alumnos, según indicaba la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) en su informe, aunque otras fuentes reducen esa cantidad.

La Policía Local se movilizó hasta el lugar tras recibir la llamada, pero no llegó a intervenir porque la Policía Nacional ya se había hecho cargo de la situación. Los agentes municipales indican que había cerca de 200 estudiantes, al parecer todos residentes del colegio mayor, que habían ocupado zonas del interior del edificio para celebrar una fiesta no autorizada. Sin embargo, según la Policía Nacional, los estudiantes estaban reunidos «en grupos reducidos» en las zonas comunes. A la llegada de los agentes de las fuerzas de seguridad, los estudiantes volvieron a sus habitaciones.

Por su parte, desde el centro señalan que no se organizó ninguna fiesta de manera premeditada, sino que simplemente «se aglomeraron los chavales que volvían de tomarse algo en los bares». Además, explican que fue una persona del equipo de seguridad quien llamó a la policía avisando de que los jóvenes no obedecían a la orden de marcharse a sus habitaciones. «Algunos estaban algo bebidos y se quedaron en las zonas comunes cuando volvieron a las doce de la noche», indican las mismas fuentes del colegio.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, tachó de «grave que se vuelva a repetir» una polémica así e instó a los estudiantes del centro a hacer una «reflexión» porque «en pocos días irán a sus casas por Navidad» y pueden constituir un «foco de contagio importante para sus familias».

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, jóvenes del mismo colegio organizaron una fiesta ilegal que derivó en un brote de Covid-19 con cerca de 160 positivos y que llevó a la Universitat Politécnica a suspender las clases presenciales. La Conselleria de Justicia explica que las anteriores multas no se han llegado a cobrar porque los expedientes siguen abiertos y siguen su proceso administrativo, que puede tardar hasta un año.

De aquellas 214 personas identificadas en la anterior celebración, sólo se abrió expediente a cerca de medio centenar de alumnos, según Justicia. Además, la conselleria estudia abrir un expediente a los responsables de la empresa gestora de «al menos categoría grave», lo que contempla hasta 30.000 euros de sanción. «Se plantea incluso elevarlo a muy grave», señalan fuentes de la Generalitat.

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