La política de Marzà con las aulas de 2 años ya hace perder alumnos a los concertados

El proceso de admisión de alumnos en los colegios de la Comunitat para el próximo curso ya ha empezado a dibujar cierto cambio de tendencia, puesto que 19 de los 20 centros más demandados de la región son públicos; frente a la tónica general de los últimos años en la que los concertados copaban buena parte de las primeras posiciones del ranking. Sin embargo, y mientras esperan contar con los datos más detallados, tanto los centros privados como las familias apuntan a las políticas de la Conselleria de Educación, con Vicent Marzà al frente, como las incentivadoras de este supuesto cambio. Y entre ellas, destacan por encima de todas el centenar de aulas gratuitas para niños de dos años impulsadas por el departamento exclusivamente en los colegios públicos. Asimismo, también tienen serias sospechas de que el ranking actual se haya confeccionado con los mismos criterios que se venían utilizando durante los últimos años, es decir, con el cómputo total de solicitudes del primer curso del segundo ciclo de Infantil (tres años), la puerta de entrada de los escolares a los colegios.

Al respecto, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, advirtió que los centros concertados que se encuentran próximos a colegios públicos que ofertan estas aulas de dos años han experimentado un descenso en el número de solicitudes. Así, explicó que una familia que escolariza a su hijo de dos años en uno de estos centros públicos tiene la plaza asegurada al curso siguiente, mientras que en un colegio privado no y, al cumplir los tres años y comenzar el curso siguiente, deben pasar por el proceso de matriculación, de ahí que no esté garantizada su continuidad en el centro. Ante esta situación, las familias optan por la tranquilidad de saber que en las escuelas de titularidad públicas, al comenzar en esta etapa de dos años, tendrán su escolarización garantizada en el siguiente curso, sin necesidad de cambiar de centro. En los colegios concertados no ocurre lo mismo, por lo que las familias pasan por una «situación estresante» porque no tienen asegurado su pase al siguiente curso y podrían terminar en otro centro. «Lo que queremos es que haya una igualdad de condiciones y no haya discriminación entre los centros», agregó Rodríguez.

Por su parte, Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), explicó que precisamente con esta medida -la de ofrecer aulas gratuitas para niños de dos años- lo que ha pretendido la Conselleria de Educación ha sido la de «blindar colegios públicos con poca demanda», lo que supone «una competencia desleal para el resto de centros». De hecho, parte de los colegios que más demanda han tenido en este proceso de admisión han sido centros que incorporan estas aulas de dos años. No tener garantizada la escolarización, en el paso de dos a tres años, en los concertados, según Morro, «disuade a las familias», por lo que, tal y como apuntó, «si realmente se persiguiera un fin social, se apoyaría de igual forma a los concertados».

En esta línea, Morro amplía el abanico a otras cuestiones que pueden hacer decantarse a las familias por un tipo de centro u otro. Por ejemplo, la jornada continua, por la que han apostado la mayor parte de los colegios públicos, o los incentivos, a modo de más y mejores medios, que la conselleria aporta a los centros que más apuestan por la educación en valenciano, que también son los públicos. La eliminación del distrito único -clave en la ciudad de Valencia- es otra de las decisiones que, según este portavoz, contribuyen al cambio de tendencia. «Los colegios públicos son los que más ayuda reciben de la Administración, por ejemplo con logopedas o para necesidades educativas especiales, mientras que a los concertados no se les aporta casi nada. Todas las decisiones tienden a reforzar una red mientras la otra tiene que subsistir con sus propios medios», argumentó Morro.

Por otra parte, Mariano Vivancos, director gerente de la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), matizó que todavía es pronto para valorar la incidencia real que hayan podido tener las aulas gratuitas de dos años impulsadas en algunos colegios públicos, pero que en una próxima reunión con la sectorial de Infantil se podrá debatir esta cuestión; aunque duda de que éste sea «un mecanismo de éxito». Frente a ello, sí se mostró extrañado porque el ranking de los colegios más solicitados proporcionado el lunes por la Conselleria de Educación no tiene nada que ver con el que se venían registrando en los años anteriores. En este punto, y a la espera de conocer los datos de forma más detalla, sospecha que se puede haber llevado a cabo un cambio en el sistema para cuantificar esta demanda, por ejemplo, sumando todas las solicitudes de todos los cursos, no sólo las de primero del segundo ciclo de Infantil (tres años). Además, y tras contactar con varios centros para hacer una primera toma de contacto, Vivancos comentó que todos han cubierto las plazas con solicitudes de primera opción y que puede que, ante las dificultades para acceder a otros cursos en los centros concertados por la falta de vacantes, las familias se hayan decantado por solicitar colegios públicos, a los que saben que sí tendrán mucha más facilidad para entrar al tener más plazas libres, lo que supone un elemento «desincentivador» de la demanda en los concertados y suma solicitudes en los públicos. «Dudo mucho que en primera opción para tres años la demanda de los públicos sea superior a la de los concertados», resumió el director gerente de la federación.

Otro aspecto que ha molestado a algunas familias ha sido la de fórmula para informar de los puntos recibidos por cada una. Así, en los tablones de anuncios de los centros, y al alcance de todos los interesados, se detalla la puntuación de cada familia, en la que se informa de los puntos recibidos por renta, por discapacidad o por ser familia monoparental. «¿El objetivo es que se vigilen unos padres a otros?», se preguntó Vicenta Rodríguez, quien lamentó que, con este sistema, «las familias se ven desnudas en su intimidad, ya que todo el mundo puede ver si tienen discapacidad, son monoparentales o perciben una renta por debajo de los límites marcados para recibir la puntuación». Por contra, Vicente Morro cree que sí es un buen modelo, ya que ahonda en que el proceso de admisión sea más transparente y no tener dudas del trabajo de los consejos y las comisiones.