Son las 18.15 horas de la tarde del 29 de octubre. La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, recibe una llamada de su jefe de ... Policía Local. «El barranco va hasta arriba», le dice. Desde entonces, ella y el agente intentarán contactar con el 112, ese teléfono que, si bien no dejó de funcionar esa noche, sí lo hizo de forma errática ante la gran cantidad de llamadas. Conseguirán trasladar el aviso de que el Poyo va lleno a las 18.45 horas.
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Ella fue la única alcaldesa que, en conversaciones con este diario, reconoció en su momento haber avisado a Emergencias de la situación que se vivía en la cabecera del barranco. El resto, todos callados. Se entiende que gestionando la situación en sus pueblos. Fue la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, la que a eso de las 19 horas llamó a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, para pedir ayuda porque en su pueblo iba a haber muchos muertos. De cualquier forma, lo cierto es que la ya famosa ley del Cecopi marca que los alcaldes deben avisar a Emergencias del estado de los barrancos, de cuya vigilancia también se encarga la Confederación Hidrográfica del Júcar. Prácticamente ninguno lo hizo.
Tras la tragedia, la labor de los munícipes fue celebrada por sus vecinos... al menos en las primeras horas. Pero lo cierto es que en la tarde más oscura, no hubo una red mallada de alcaldes que se avisaran los unos a los otros o, al menos, al 112 de la situación en la que se encontraban en sus pueblos. Todos ellos podían haber cogido el teléfono y haber avisado. Sobre todo cuando algunos, como el de Riba-roja, Robert Raga, sí alertaron a las empresas del polígono de La Reva que redujeran la actividad al mínimo indispensable en la tarde de marras.
A pie de Magro, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, empezó a pedir ayuda muy pronto. A las 15 horas, la UME llegaba al pueblo, tras ser reclamada por el primer edil. Pasó la tarde y la noche en conversaciones con los militares para decirles dónde debían ir para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. En Valencia, por su parte, la alcaldesa María José Catalá ya estaba recomendando a primera hora del día 29 evitar desplazamientos innecesarios y el Cecopal se creó durante la mañana, a eso de las 11 horas, cuando los concejales estaban reunidos en el pleno. Ayudada por todos ellos, la primera edil coordinó las labores de rescate de las pedanías del sur.
Además, tal como ha publicado LAS PROVINCIAS, el centro de coordinación de emergencias de L'Eliana envió el pasado 29 de octubre más de un centenar de correos electrónicos antes de las 12.30 horas a los municipios de la ribera del barranco del Poyo y del río Magro en los que les avisaba del incremento de caudales Las notificaciones prueban que las localidades que se encontraban en las zonas de influencia del barranco y del río sí que fueron avisadas pocos minutos después del mediodía de la correspondiente alerta hidrológica. Los municipios cercanos al barranco del Poyo que recibieron este mail fueron Alaquàs, Albal, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Quart de Poblet, Cheste, Xirivella, Chiva, Godelleta, Loriguilla, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Ribarroja, Sedaví y Torrent.
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Se da la circunstancia de que algunos alcaldes llegaron incluso a quitar importancia a lo que ocurría en sus pueblos. «Mira, Avelino, ya eres el tercero que me llama, no sé por qué me estáis llamando tantas veces, el barranco por aquí va bien», le dijo la entonces alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, al diputado de Bomberos de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, cuando le llamo esa tarde preguntándole por el barranco. Así lo explicó el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, en declaraciones a laSexta. Luego, entre 25 y 40 minutos después (una horquilla ciertamente llamativa), Fort llamó a Mascarell llorando. «Esto va a ser una debacle», le dijo. En los días posteriores a la dana, la alcaldesa de Chiva llegó a aventurar cientos de muertos en su localidad. La cifra no fue tan elevada: murieron 8 personas.
En el Magro, la CHJ no informó de que iba a desembalsar Forata, tal como ha denunciado en varias ocasiones el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis. Con todo, desde el organismo de cuenca siempre han dicho que las labores de vaciado de Forata se hicieron de acuerdo con la ley y sin provocar pantanadas aguas abajo.
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