Pozos de alto riesgo en la Comunitat Valenciana

Un vecino pasea por Gilet. Su perro husmea cerca de un parque infantil y se asoma a un antiguo pozo. Ha desaparecido la cubierta metálica y el abismo se abre ante su mirada. Otro residente de Dénia caminaba ayer por las faldas de Montgó, en Dénia, cerca de la urbanización La Pedrera. Entre la vegetación, otro círculo oscuro por el que podría caer un niño. Se trata de una de las muchas cisternas antiguas de colonos de la montaña, algunas de hasta seis metros. Y de nuevo sin cobertura de seguridad.

Son muchas las posibilidades por las que el terreno está horadado: prospecciones fallidas en busca de agua, ejecuciones de pozos ciegos que luego se abandonan, construcciones antiguas en las que desaparecen las tapas con el paso del año, pozos clandestinos sin constancia para la Administración... La tragedia del pequeño Julen ha puesto el foco sobre la constancia, vigilancia y seguridad de estos traicioneros orificios que también tienen su historial de desgracias en tierras valencianas.

Según fuentes del Consorcio Provincial de Alicante, durante el año pasado sus efectivos realizaron una decena de rescates por caídas en pozos u orificios excavados en el terreno: ocho correspondían a animales y dos a personas accidentadas. Los bomberos de Castellón también recuerdan el salvamento de un perro en el pozo de una masía abandonada, a una profundidad de seis metros.

«El control de los pozos es imposible. Nos encontramos con agujeros que no sabemos qué hacen ahí», aseguró a LAS PROVINCIAS Salvador Luque, Jefe del Grupo de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. «No existen tantos guardias civiles como para vigilar los pozos con riesgo que pueden existir». En efecto, los orificios en el terreno tienen un origen tan amplio, a veces histórico, que su riesgo sólo se detecta y subsana cuando se lo cruza en el camino algún vecino o agente de la Guardia Civil, medioambiental o fluvial. Es entonces cuando se sella o señaliza para evitar desgracias. ¿Cuántos pueden existir al descubierto? Imposible saberlo.

Pero según los expertos, se suma otra grave realidad sobre los pozos: la clandestinidad. Son agujeros ejecutados por particulares en sus parcelas en busca de agua, a veces simplemente catas fallidas precariamente protegidas y otras pozos efectivos realizados sin el preceptivo permiso de la Administración. Y aquello de lo que no hay constancia ni registro no se puede controlar.

Lo sabe bien Santiago Guillem, profesor de la Universitat Politècnica e ingeniero especialista en captación de aguas subterráneas. «No se debe hacer jamás un pozo sin permiso de la sección de Minas de la Conselleria de Industria y la Confederación Hidrográfica del Júcar». Sin embargo, hay otros pozos ilegales de los que nadie sabe ni dónde están, agujeros o catas en un campo que a veces no se tapan o sólo con una piedra o unos maderos cruzados». Para Guillem, el perforista o pocero por encargo «tiene que ser un profesional y no obrar sin permisos». El problema, expone, «es que son trabajos menores, los propietarios se creen que no pasa nada, que sólo es un agujerito... Luego la finca se abandona, pasan los años y, si no se ha clausurado o sellado, llegan las desgracias».

¿Qué cifras se conocen? Greenpeace habla de un millón de pozos ilegales en toda España. La acción del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sacó a la luz la existencia de 73 pozos clandestinos en las demarcaciones del Júcar y el Segura entre los años 2013 y 2017, la mayoría de ellas en tierras valencianas y con una especial incidencia entre Alicante y Murcia, precisamente donde las reservas son más escasas.

Cada organismo de cuenca cuenta con un Registro de Aguas en el que se inscriben de oficio las concesiones y otros títulos de derecho para su aprovechamiento. En dicho registro constan todos los pozos sujetos a las disposiciones de la Ley de Aguas e identificados con sus características esenciales: titular, ubicación, características, volumen o caudal son algunos de los puntos que se controlan. Y según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en su ámbito hay inscritos 24.500 pozos. «Estos pozos están equipados con bombas y tuberías para la extracción de aguas y, en principio, no deben de suponer ningún problema de seguridad para terceros, pues lo normal es que los agujeros y todo su equipamiento esté dentro de casetas donde no está permitido el acceso», destaca una portavoz de la entidad.

Pero el robo de agua es una realidad constatada, perseguida y sancionada. El artículo 116 de la Ley de Aguas, lo deja muy claro: «La apertura de pozos e instalación de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin concesión o autorización del organismo de cuenca» es una infracción que conlleva multas de hasta un millón de euros para los casos más graves.

Cuando la policía fluvial detecta un pozo clandestino se incoa un expediente de diligencias previas para instar a la legalización de dicha obra. Y si no es posible arranca el expediente sancionador. «De igual forma cuando ser reciben denuncias de particulares, del Seprona o de otras administraciones, el servicio de inspección la CHJ comprueba los hechos denunciados y procede del mismo modo», agrega la entidad.

En los últimos tres años se han tramitado unos 50 expedientes sancionadores por pozos clandestinos con un importe medio de 3.000 euros por sanción: aproximadamente 150.000 euros en multas.

El pozo en que cayó un hombre mientras buscaba espárragos ha sido tapado de manera un tanto descuidada. Está situado muy cerca de la antigua carretera de Xàtiva a Benigànim. La presencia de vegetación también hace complicada su visión. También existen varias casas de campo diseminadas junto a él.

A apenas 400 metros del casco urbano de Benigànim se encuentra el pozo en el que falleció un vecino de 79 años de edad que cayó mientras daba un paseo por la zona. Próximo al convento, este pozo se encuentra tapado de una manera más exhaustiva y se observa más resistente al peso de una persona.