El PP anima a los concertados a pedir indemnizaciones a la Generalitat

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha instado a los centros concertados de la Comunitat con supresión de aulas a pedir indemnizaciones al president Ximo Puig por daños y perjuicios.

En un comunicado, Gascó ha recordado que el pasado 25 de mayo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano estimó parcialmente trece recursos interpuestos contra el decreto del Consell que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para su acceso o renovación, por lo que anuló parcialmente esa norma y obligó a la Conselleria de Educación a mantener las aulas concertadas que no renovó.

La diputada popular ha señalado que «los servicios jurídicos del PP, que recurrieron en su día el decreto de conciertos, van a contactar con las patronales de centros concertados para instarles y trasladarles la necesidad de que todos los centros a los que se les haya suprimido unidades soliciten una indemnización al señor Puig, por daños y perjuicios».

Gascó ha manifestado que «el presidente de la Generalitat debe escoger si obliga a Marzà a que indemnice a los centros por daños y perjuicios tras los percances ocasionados a familias, alumnado y centros o asumir que su conseller de Educación pueda ser denunciado por prevaricación, porque Marzà tomó decisiones a sabiendas de que eran ilegales«.

En este sentido, la responsable popular ha considerado «una auténtica vergüenza» que el Consell «siga con su sectarismo habitual al negar a los centros el concierto que les suprimió sin que la decisión estuviera debidamente justificada y mantenga el cierre pese a las sentencias«.

«Como Marzà ha afirmado que hasta que no haya una sentencia firme no piensa modificar su política educativa, esperamos que, cuando la haya, asuma sus responsabilidades y dimita con carácter inmediato«, ha afirmado Gascó, que también ha añadido que Vicent Marzà está »inhabilitado« para seguir al frente de la Conselleria.

Además, la portavoz popular ha señalado que la supresión de estos conciertos ha supuesto «daños irreparables«, como »familias obligadas a modificar la trayectoria educativa que tenían planificada para sus hijos, alumnos que no han sido capaces de adaptarse a los nuevos centros llegando al extremo de repetir curso o centros educativos endeudados para mantener la oferta que pretendía suprimir el Consell«.

Gascó ha indicado que Ximo Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, deben entender que «los centros concertados están blindados por ley, que es un derecho recogido en la Constitución, y que su sectarismo y radicalidad no pueden acabar con ellos«.

«Esta misma semana Marzà ha reconocido que considera que la escuela concertada es subsidiaria de la pública, contraviniendo el contenido de múltiples sentencias del Supremo. Debe existir pluralidad y diversidad en la oferta para poder garantizar la libre elección de las familias», ha asegurado la diputada popular.