La exclusión de las universidades privadas de las prácticas sanitarias llega al Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del PP contra la exclusión del alumnado de las universidades privadas valencianas de las prácticas sanitarias en los centros públicos.

Exactamente el tribunal se centrará en el apartado 65 de la ley 8/2018 que modificó la Ley de Salud de 2014 aprobada por el PP. Este artículo dice que «la Generalitat colaborará con las universidades de titularidad pública y los centros de formación profesional estableciendo acuerdos entre las universidades y los centros de estudios de las instituciones sanitarias para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones que así lo requieran y priorizará las impartidas en centros de titularidad pública y con sometimiento a la normativa de aplicación y regulación específica en materia de incompatibilidades.»

Más allá de la reciente modificación de la Ley de Salud, que incluye muchas más consideraciones, la exclusión se viene aplicando desde el inicio de la legislatura, pues fue una de las primeras iniciativas adoptadas por la Conselleria de Educación, junto a la imposibilidad de solicitar becas autonómicas. Ambas iniciativas han sido recurridas por las universidades privadas en los tribunales.

En un comunicado el Constitucional informa de que dará traslado la demanda a las partes para que en un plazo de 15 días se personen en el proceso y puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes.

Los recurrentes (los senadores populares) consideran que la ley de salud valenciana ha podido vulnerar los artículos 149.1.1 y 149.1.16 de la Constitución, en la medida en que la modificación legal contraviene el artículo 104 de la Ley General de Sanidad y el artículo 14 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica de Universidades. En otras palabras, que la normativa autonómica supone una exclusión de las universidades privadas del régimen de cooperación educativa en materia sanitaria de la Generalitat. En el recurso de inconstitucionalidad se alega que la Administración valenciana ha infringido los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de creación de centros docentes y el deber de ayuda a estos.