

Secciones
Servicios
Destacamos
EFE
Valencia
Martes, 11 de marzo 2025, 11:45
La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, recientemente imputada por la jueza que investiga la gestión de la ... dana, ha encargado su defensa legal al abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano, según ha confirmado el despacho Kepler Karst -al que pertenece- a EFE.
De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).
El juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia ha citado a declarar como investigados a Pradas y a su entonces 'número dos' en la Conselleria, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.
La jueza, en un auto conocido este lunes, reitera que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20:11 horas del 29 de octubre «fue tardío y erróneo» y recuerda asimismo que la dana «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto», ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Aemet, «hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades».
Para la jueza, la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas de ese día, «se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor».
«El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión», afirma.
«Ello constituye -añade- precisamente el fundamento de la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave. El anuncio de las precipitaciones que hacía previsible las gravísimas consecuencias y la sucesión de afectados a medida que el agua y el barro se desplazaba, desbordándose barrancos y ríos, asolando a las poblaciones, provocando muertes, con una inactividad patente de la administración autonómica».
A su juicio, «la atribución de dichas funciones a la administración autonómica, y por ende a los cargos y autoridades que ejercían sus funciones, los convierte en garantes de que no se produjeran los fallecimientos referidos».
Respecto a la consellera, señala que tenía atribuido como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, y respecto a Argüeso apunta que es necesaria su declaración dada su «relevancia orgánica y por ende decisoria».
Pradas fue cesada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 22 de noviembre y su cargo fue ocupado por Juan Carlos Valderrama, que se hizo cargo de la renombrada Conselleria de Emergencias e Interior, mientras que la destitución de Emilio Argüeso se produjo el 3 de diciembre y fue sustituido por Irene Rodríguez.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Santander, capital de tejedoras
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.