EFE
Valencia
Martes, 11 de marzo 2025, 11:45
La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, recientemente imputada por la jueza que investiga la gestión de la ... dana, ha encargado su defensa legal al abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano, según ha confirmado el despacho Kepler Karst -al que pertenece- a EFE.
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De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).
El juzgado de Catarroja que instruye la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia ha citado a declarar como investigados a Pradas y a su entonces 'número dos' en la Conselleria, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.
La jueza, en un auto conocido este lunes, reitera que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20:11 horas del 29 de octubre «fue tardío y erróneo» y recuerda asimismo que la dana «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto», ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Aemet, «hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades».
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Para la jueza, la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas de ese día, «se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor».
«El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión», afirma.
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«Ello constituye -añade- precisamente el fundamento de la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave. El anuncio de las precipitaciones que hacía previsible las gravísimas consecuencias y la sucesión de afectados a medida que el agua y el barro se desplazaba, desbordándose barrancos y ríos, asolando a las poblaciones, provocando muertes, con una inactividad patente de la administración autonómica».
A su juicio, «la atribución de dichas funciones a la administración autonómica, y por ende a los cargos y autoridades que ejercían sus funciones, los convierte en garantes de que no se produjeran los fallecimientos referidos».
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Respecto a la consellera, señala que tenía atribuido como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, y respecto a Argüeso apunta que es necesaria su declaración dada su «relevancia orgánica y por ende decisoria».
Pradas fue cesada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 22 de noviembre y su cargo fue ocupado por Juan Carlos Valderrama, que se hizo cargo de la renombrada Conselleria de Emergencias e Interior, mientras que la destitución de Emilio Argüeso se produjo el 3 de diciembre y fue sustituido por Irene Rodríguez.
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